Una mujer residente en el sur de California denunció haber recibido una multa superior a los 1.8 millones de dólares emitida por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), en medio de un prolongado proceso para regularizar su estatus migratorio.
La afectada, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad, afirmó que la notificación llegó por correo y la dejó en estado de shock. Según su testimonio, la sanción se acumula a razón de hasta 998 dólares diarios por permanecer en el país tras una orden de deportación previa.
De acuerdo con su abogado, la mujer no posee antecedentes penales y ha intentado durante más de una década ajustar su situación migratoria mediante procesos legales. Su caso se encuentra en trámite para obtener la residencia permanente a través de su familia, que incluye ciudadanos estadounidenses.
El abogado defensor, William Menard, explicó que la mujer llegó a Estados Unidos siendo menor de edad, proveniente de México, y que una orden de salida voluntaria emitida en 2003 no fue notificada adecuadamente hasta años después. Desde entonces, asegura, ha cumplido con los requerimientos del sistema migratorio y se ha presentado regularmente ante las autoridades.
“Ella no se está escondiendo. El gobierno sabe dónde está y cuál es su situación”, afirmó el abogado, quien considera que la multa resulta desproporcionada frente a un proceso migratorio aún en curso.
La mujer trabaja limpiando casas y asegura que no tiene capacidad económica para enfrentar una sanción de ese nivel. También expresó su preocupación por el impacto familiar, ya que tiene tres hijos universitarios, todos ciudadanos estadounidenses.
“Mi vida está aquí. No conozco otro lugar”, declaró, señalando que la notificación ha generado un fuerte impacto emocional.
El caso se produce en el contexto de una política migratoria más estricta implementada por el Departamento de Seguridad Nacional, que ha reforzado la aplicación de multas a personas con órdenes de deportación. Según datos oficiales, desde principios de 2025 se han emitido decenas de miles de sanciones bajo este esquema.
El DHS ha defendido estas medidas afirmando que una solicitud de residencia pendiente no otorga estatus legal para permanecer en el país y que se debe respetar la ley migratoria vigente. Además, ha instado a los inmigrantes indocumentados a abandonar voluntariamente el país mediante programas oficiales.
Sin embargo, organizaciones legales y defensores de derechos migratorios han cuestionado la magnitud de estas multas, argumentando que pueden generar cargas económicas imposibles de asumir para familias trabajadoras y que podrían tener un efecto intimidatorio.
Casos similares han llegado a instancias judiciales en otros estados, donde se han presentado demandas colectivas solicitando que estas sanciones sean revisadas por posibles violaciones constitucionales.
En medio del debate, la afectada insiste en que su intención nunca ha sido evadir la ley. “Siempre he trabajado, he pagado impuestos y he intentado hacer las cosas bien”, afirmó.
El caso continúa bajo revisión legal, mientras crece la discusión pública sobre el alcance y las consecuencias de las nuevas políticas migratorias en Estados Unidos.
Fuente: Telemundo 20
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