La publicación de la Gaceta Oficial de Cuba oficializa la Resolución 86 del Ministerio de Finanzas y Precios, que introduce nuevas exigencias para actores del sector privado en materia de prevención del lavado de activos y delitos financieros.
El Estado cubano ha puesto en vigor una nueva normativa destinada a fortalecer el control sobre las operaciones financieras en el país. La medida quedó establecida en la Gaceta Oficial de Cuba del 29 de abril de 2026, mediante la Resolución 86 del Ministerio de Finanzas y Precios, que actualiza los procedimientos para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La disposición amplía el alcance de los llamados “sujetos obligados” dentro del sistema financiero nacional, incorporando de manera explícita a actores del sector no estatal. Entre ellos se encuentran los trabajadores por cuenta propia, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), cooperativas no agropecuarias y proyectos de desarrollo local. A partir de esta normativa, todos estos actores deberán cumplir requisitos específicos de control y supervisión.
Entre las nuevas obligaciones se incluye la evaluación obligatoria de riesgos asociados a clientes y operaciones económicas, así como la prohibición de mantener relaciones comerciales con personas o entidades incluidas en listas de sanciones nacionales o internacionales. Además, se establece la obligación de reportar cualquier operación sospechosa mediante el sistema oficial de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
La normativa también refuerza las exigencias administrativas, incluyendo la conservación de registros financieros durante un período mínimo de cinco años y la obligación de garantizar la confidencialidad de la información reportada. Estas medidas buscan asegurar la trazabilidad de las operaciones y facilitar la supervisión por parte de las autoridades competentes.
De acuerdo con el texto oficial, esta actualización responde también a los compromisos asumidos por Cuba como miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, organismo regional encargado de promover estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación ilícita.
Asimismo, la implementación de estas normas forma parte de una estrategia más amplia del gobierno cubano orientada a fortalecer la disciplina económica, reducir irregularidades y mejorar los mecanismos de control interno en la economía nacional. Para ello, se ha previsto un programa de capacitación dirigido a los actores implicados, con el objetivo de facilitar la correcta aplicación de la normativa en todo el país.
Con esta actualización, el sistema financiero cubano busca alinearse con estándares internacionales de supervisión, en un contexto global donde los mecanismos de control económico se han vuelto cada vez más estrictos y complejos.
Fuente: Gaceta Oficial Resolución 86/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios (29 de abril de 2026).
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