De acuerdo con información divulgada por el medio de prensa digital Periódico Cubano, la Ley 20/2022, mayormente reconocida como la Ley de la Memoria Democrática y que ha beneficiado a un elevado número de cubanos que ven en la inmigración la única solución viable a los problemas existentes en la Isla, “podría tener una extensión significativa en su aplicación.”
De llevarse a cabo la decisión, estaría beneficiada tras la reelección en España de Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quien a pesar de quedar en el segundo puesto en los comicios que recién concluyen, tendrá la responsabilidad de dirigir el poder en esa nación durante los próximos cuatro años.
La fuente antes mencionada hace relevancia a que el Consejo de Ministros, extendería la vigencia de la ley hasta el 21 de octubre de 2025, ofreciendo a los interesados en optar por la nacionalidad española de origen un mayor tiempo en la tramitación de esta. Sobre todo, aquellos que radican en Cuba y que se han hecho eco de la larga espera que por ejemplo en el Ministerio de Asuntos Exteriores (MINREX) conlleva legalizar un documento.
La Ley de Memoria Democrática que reemplaza a la Ley de Memoria Histórica de 2007 fue una iniciativa propuesta por el gobierno de coalición ‘PSOE-Unidas Podemos’, presidido por Pedro Sánchez y aprobaba por el Congreso de los Diputados el 14 de julio de 2023 y por el Senado el 5 de octubre de ese mismo año.
Según el documento en su artículo 1, la legislación tiene como fundamento “la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida esta como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.”
A la vez que señala, “es objeto de la ley el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, así como promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales.”
Hasta el momento los beneficiados bajo este estatuto deberán formalizar su solicitud antes del 21 de octubre de 2024, fecha en que se cumplen los dos años dispuestos desde que entrara en vigor.