El Gobierno de Islas Caimán anunció que a partir del 5 de agosto, los ciudadanos cubanos deberán solicitar una visa de tránsito para hacer escala en el país. Según el Ministerio de Control Fronterizo, Trabajo y Cultura, esta medida responde a que uno de cada cuatro cubanos que llega a George Town no utiliza su pasaje de regreso a La Habana, convirtiendo a Islas Caimán en un punto de tránsito para la migración irregular hacia terceros países.
Dwayne Seymour, ministro de Control Fronterizo, advirtió sobre los riesgos de la participación no intencional de Islas Caimán en la migración irregular cubana, que podría acarrear sanciones de Washington, cancelaciones de rutas para Cayman Airways, restricciones de visa para los caimaneses y un aumento en las solicitudes de asilo por parte de cubanos. Estas acciones se enmarcan en un contexto en el que Estados Unidos ha comenzado a sancionar a aerolíneas que facilitan la migración ilegal.
Entre noviembre de 2021 y noviembre de 2023, de los 12.381 viajeros cubanos que llegaron a Islas Caimán, solo 3.116 regresaron a La Habana, según datos de Aduana y Control Fronterizo de Islas Caimán. Muchos de los restantes continúan su viaje hacia países sudamericanos o centroamericanos, probablemente utilizando Islas Caimán como punto intermedio antes de llegar a Nicaragua o directamente a Managua, desde donde prosiguen hacia Estados Unidos.
Seymour subrayó la importancia de proteger las fronteras para salvaguardar la integridad y seguridad de la nación, además de mitigar riesgos y defender los valores de orden y seguridad. Aunque reconoció que muchos migrantes cubanos huyen de conflictos, desastres, pobreza o hambre, hizo un llamado a desincentivar la migración irregular.
A principios de mayo, el escape de dos ciudadanos cubanos bajo custodia migratoria generó protestas de más de una veintena de cubanos, quienes denunciaron las condiciones insostenibles en las que son mantenidos por el Gobierno caimanés. Un manifestante afirmó que, aunque reciben bonos de alimentos y asistencia, el estilo de vida de “prisioneros” es insostenible, a pesar de que muchos son solicitantes de asilo.
Las autoridades de Islas Caimán han sostenido que muchos cubanos son refugiados económicos y no políticos, por lo que no pueden concederles el estatus de asilado y deben deportarlos. Hasta febrero de 2023, se han registrado cuatro casos de deportación. Después de la protesta, el Gabinete aprobó un presupuesto de 2,4 millones de dólares para construir un nuevo centro de detención entre 2024 y 2025, con capacidad para más de 300 migrantes irregulares, principalmente cubanos que llegan en embarcaciones.
Con estas medidas, el Gobierno de Islas Caimán busca frenar la migración irregular y evitar posibles sanciones, asegurando el cumplimiento de sus responsabilidades internacionales y la protección de su reputación y seguridad nacional.