Foto tomada de Diario Las Américas
Cuba cerró 2024 con 232 alertas de violencia contra la prensa, una caída del 53,2% en comparación con 2023 que no refleja un alivio en las condiciones del ejercicio periodístico, sino el resultado del éxodo forzado de comunicadores, la autocensura y el miedo generalizado dentro de la Isla. Así lo señala el capítulo cubano del informe Periodismo, violencia y persecución, elaborado por la red Voces del Sur y documentado por el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
El 99% de las agresiones fue cometido por actores estatales: la Seguridad del Estado concentró el 63,2% y la empresa de telecomunicaciones ETECSA el 28,4%. El documento advierte que la disminución de casos obedece a un colapso estructural del periodismo independiente, no a una apertura.
El ICLEP registró 67 detenciones arbitrarias, dos episodios de tortura y ocho procesos judiciales contra periodistas, una categoría que no se había reportado en 2023. Al cierre del año, tres comunicadores permanecían en prisión sin garantías procesales: Carlos Michel Morales Rodríguez, Yeris Curvelo Aguilera y José Gabriel Berrenechea Chávez.
El componente digital se consolidó como un mecanismo de silenciamiento: 63 restricciones en internet, la mayoría bloqueos de sitios y cortes selectivos de servicio a periodistas, fueron atribuidas a ETECSA. Estas acciones se intensificaron en fechas sensibles, como el 11 de julio, para impedir coberturas de protestas y blindar el relato oficial.
El informe también subraya que la represión se extendió a ciudadanos que expresan opiniones en redes sociales. Ejemplos de ello son Sulmina Martínez Pérez, acusada de delitos contra el orden constitucional y para quien la Fiscalía pide 10 años de cárcel por una publicación en Facebook, y el enfermero Arony Yanko García Valdés, condenado a un año y medio por difundir un meme.
La estrategia represiva del Estado se despliega en tres frentes coordinados:
Seguridad del Estado, como principal brazo represivo.
ETECSA, consolidada como pilar del control digital y del aislamiento informativo.
Sistema judicial, convertido en herramienta de sanción y castigo político.
Aunque en 2024 no se documentaron alertas específicas de violencia por sexo u orientación sexual, el ICLEP advierte que esta ausencia refleja falta de visibilización, no de riesgos.
El informe concluye que Cuba vive un escenario de “periodismo prácticamente asfixiado”, donde el control tecnológico, la persecución y la represión judicial no solo castigan a periodistas, sino que se extienden a la ciudadanía, consolidando un ecosistema hostil y planificado de silenciamiento.