Miles de migrantes cubanos que esperan una respuesta sobre su residencia permanente en Estados Unidos podrían ver avances en sus casos tras la preparación de una demanda federal contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. La acción legal busca obligar a las autoridades migratorias a reactivar expedientes que permanecen paralizados, pese a que muchos solicitantes aseguran haber cumplido todos los requisitos establecidos por la ley.
La iniciativa es impulsada por la abogada de inmigración Claudia Cañizares junto al abogado Mark Prada, quienes trabajan en una demanda contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Según explicaron, el objetivo es que el gobierno federal avance en miles de solicitudes de residencia permanente que permanecen sin respuesta desde hace meses.
De acuerdo con los abogados, el proceso legal busca demostrar que la paralización de estos trámites está causando perjuicios económicos y legales a los migrantes cubanos que viven en Estados Unidos mientras esperan una decisión sobre su estatus migratorio.
Entre los posibles beneficiarios de esta demanda se encuentran cubanos que ingresaron al país a través de distintos programas migratorios. En ese grupo figuran quienes llegaron mediante el Programa de Reunificación Familiar, el parole humanitario, citas gestionadas por la aplicación CBP One y también quienes solicitaron la residencia amparados en la Ley de Ajuste Cubano.
La abogada Cañizares señaló que muchas de estas personas cumplen con los requisitos legales para obtener la residencia permanente, pero continúan esperando una respuesta debido a la suspensión o lentitud de los procesos administrativos. Según explicó, la demanda pretende acelerar la revisión de los expedientes y lograr que se tomen decisiones sobre los casos pendientes.
Otro de los problemas que enfrentan los solicitantes es la falta de permisos de trabajo mientras esperan una resolución migratoria. Esta situación ha afectado el sustento económico de muchas familias, ya que algunos migrantes no pueden acceder a empleos formales mientras sus solicitudes permanecen en revisión.
La acción legal será presentada como una demanda grupal, lo que permitiría reunir a numerosos solicitantes en un mismo proceso judicial. Según los abogados, este tipo de mecanismo también podría facilitar negociaciones con el gobierno federal para agilizar la resolución de los casos.
Los juristas indicaron que las autoridades migratorias han reconocido que la pausa en algunos trámites es indefinida, lo que mantiene a miles de personas en incertidumbre sobre su futuro migratorio.
Los interesados en sumarse a la demanda deberán pagar un costo inicial de aproximadamente 4.000 dólares por persona, aunque los organizadores aseguran que existen programas especiales para familias numerosas y madres solteras, además de opciones de financiamiento.
En caso de alcanzarse un acuerdo con el gobierno o de obtener un fallo favorable, los abogados estiman que algunos expedientes podrían resolverse en un plazo aproximado de uno a tres meses.
Fuentes: Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) – Agencia federal encargada de procesar solicitudes de residencia permanente y otros beneficios migratorios.
Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) – Supervisa las políticas migratorias y el funcionamiento de USCIS.
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