Un caso que ha generado indignación en Estados Unidos vuelve a poner en el centro del debate las políticas migratorias y sus fallas. Dos hermanas gemelas de 12 años, nacidas en Orlando y ciudadanas estadounidenses, fueron deportadas a Guatemala por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en lo que un juez federal calificó como una detención ilegal.
Las menores fueron llevadas a un centro de ICE en Orlando junto a su madre, Marly Carolina Morataya Zepeda, quien debía presentarse ante las autoridades migratorias como parte de su proceso de deportación. Según documentos judiciales, la abuela de las niñas, Sonia García Valles, las acompañó inicialmente, pero un agente le indicó que las entregara en la entrada del recinto. Poco después, las menores fueron retenidas.
El argumento utilizado por ICE fue la política de “unidad familiar”, que en ciertos casos permite que los hijos acompañen a sus padres deportados. Sin embargo, este caso presenta una contradicción clave: semanas antes, la madre había dejado constancia formal de que deseaba que sus hijas permanecieran en Estados Unidos bajo el cuidado de su abuela.
A pesar de ese documento, las autoridades alegaron que la mujer expresó verbalmente el mismo día su intención de llevarse a las niñas a Guatemala, lo que derivó en su inclusión en el vuelo de deportación.
El giro más grave del caso ocurrió cuando los abogados de la familia lograron obtener una orden judicial de emergencia que impedía el traslado de las menores fuera del estado de Florida. Sin embargo, horas después, el tribunal fue informado de que las niñas ya habían sido enviadas a Guatemala.
El caso llegó al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, donde el juez Gregory A. Presnell determinó que las menores fueron detenidas y expulsadas ilegalmente del país.
Como resultado, concedió un recurso de hábeas corpus y ordenó al gobierno federal garantizar el regreso inmediato y seguro de las niñas a territorio estadounidense, con los costos cubiertos por las propias autoridades.
Durante la audiencia, la directora interina local de ICE, Kellei Walker, admitió que hubo “confusión” sobre la decisión de la madre. No obstante, el propio tribunal subrayó que existía documentación previa clara que indicaba que las menores debían permanecer en Estados Unidos.
Este episodio ha desatado fuertes cuestionamientos contra los procedimientos de ICE y la implementación de políticas migratorias que, según críticos, pueden derivar en abusos o errores graves, incluso contra ciudadanos estadounidenses.
Fuente: News Break
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