El exmandatario filipino Rodrigo Duterte fue detenido este martes en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila tras una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI). La acusación está relacionada con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su polémica campaña antidrogas, que dejó miles de víctimas.
Duterte, de 79 años, llegó a Manila procedente de Hong Kong, donde había asistido a un evento político previo a las elecciones de mayo. Apenas aterrizó, las fuerzas de seguridad filipinas lo escoltaron fuera del aeropuerto y lo trasladaron a la base aérea de Villamor, según informaron fuentes oficiales.
La detención del exmandatario fue resultado de una orden de captura emitida por la CPI y ejecutada con el apoyo de Interpol. Esta acción se produce a pesar de que Filipinas se retiró del tribunal internacional en 2019, una decisión impulsada por el propio Duterte en un intento de evadir responsabilidades legales.
Durante su gobierno (2016-2022), Duterte impulsó una agresiva política de represión contra el narcotráfico, resultando en la muerte de más de 6.000 personas según datos oficiales. No obstante, organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a más de 30.000, denunciando ejecuciones extrajudiciales.
Desde su arresto, Duterte ha cuestionado la legalidad de su detención. En un video publicado por su hija Verónica en redes sociales, el exmandatario aseguró que fue trasladado contra su voluntad y exigió explicaciones sobre los cargos en su contra.
El gobierno del actual presidente Ferdinand Marcos Jr. ha adoptado una postura distante respecto a la situación de Duterte. Aunque Filipinas no es miembro activo de la CPI, en 2023 Marcos Jr. declaró que su administración no obstaculizaría la investigación sobre los crímenes ocurridos durante el mandato de su predecesor. En este contexto, la posibilidad de extradición de Duterte a La Haya sigue siendo una interrogante.
La detención del exmandatario ocurre en un momento de tensiones entre el clan Duterte y la administración de Marcos Jr. Mientras Rodrigo Duterte enfrenta este proceso judicial, su hija Sara Duterte, actual vicepresidenta, también está en el centro de la polémica debido a una investigación por presunto uso indebido de fondos públicos.
Por otro lado, Kristina Conti, abogada que presentó el caso ante la CPI, enfatizó que Duterte debe ser trasladado a La Haya lo antes posible para responder ante el tribunal. Según Conti, al tratarse de una orden internacional, la detención implica la entrega del exmandatario a las autoridades judiciales de un Estado miembro.
La captura de Duterte ha generado reacciones divididas en Filipinas. Mientras sus seguidores denuncian lo que consideran una persecución política, organizaciones defensoras de derechos humanos celebran la medida como un paso hacia la justicia.
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