Cuando el presidente Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro para enfrentar cargos de narcotráfico en Estados Unidos, presentó a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, como la aliada clave para estabilizar la nación tras años de corrupción, narcotráfico y caos económico. Lo que no se mencionó entonces fue que Rodríguez llevaba años bajo la mira de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Según documentos obtenidos por The Associated Press, la DEA la clasificó en 2022 como “objetivo prioritario”, una categoría reservada para sospechosos que podrían tener un impacto significativo en el tráfico de drogas. Los registros, que datan al menos de 2018, incluyen investigaciones sobre sus conocidos y acusaciones que van desde narcotráfico hasta lavado de dinero a través de hoteles en la Isla Margarita. Un informante confidencial reportó en 2021 que dichos hoteles se utilizaban como fachada para operaciones ilícitas.
Rodríguez también ha sido vinculada con Alex Saab, intermediario de Maduro arrestado en 2020 por cargos de lavado de dinero. Pese a ello, no ha sido acusada públicamente de ningún delito por las autoridades estadounidenses. Su nombre ha surgido en varias investigaciones de la DEA en países como Paraguay, Ecuador y EE.UU., aunque los detalles de cada indagación no han sido revelados.
Tres agentes de la DEA que revisaron los documentos señalaron que el interés en Rodríguez ha sido constante desde que asumió como vicepresidenta en 2018. La designación de “objetivo prioritario” no implica automáticamente cargos, sino que justifica recursos investigativos adicionales. Según Kurt Lunkenheimer, exfiscal federal en Miami, “hay una diferencia entre ser un objetivo prioritario y la evidencia que respalde una acusación”.
Rodríguez, de 56 años, ascendió desde asistente de Maduro a ministra de Relaciones Exteriores y vicepresidenta, compartiendo con él una visión izquierdista marcada por la muerte de su padre socialista bajo custodia policial. Durante su gestión, buscó atraer inversiones estadounidenses, contratando cabilderos cercanos a Trump y ordenando donaciones a su comité de investidura, aunque estas iniciativas no alteraron la dinámica del régimen.
Tras la captura de Maduro, Trump elogió públicamente a Rodríguez y la describió como “una persona maravillosa”, promoviendo su papel como administradora de los intereses estadounidenses en Venezuela. Sin embargo, expertos como Steve Dudley, de InSight Crime, advierten que su posición en un régimen híbrido-criminal le otorga influencia sobre actividades ilícitas, lo que explica el interés sostenido de la DEA.
Los registros revisados por la AP también muestran que la DEA indagó la participación de Rodríguez en contratos gubernamentales adjudicados a aliados de Maduro, como Saab, así como en empresas vinculadas a familiares cercanos. Entre 2017 y 2019, empresas controladas por hermanos de su pareja recibieron más de 650 millones de dólares en contratos de importación de alimentos y medicinas, según investigaciones de Armando.info.
Analistas subrayan que estas investigaciones reflejan cómo se ha ejercido el poder en Venezuela, considerada uno de los países más corruptos del mundo por Transparencia Internacional. Para Rodríguez, la vigilancia de la DEA funciona como una espada de doble filo: mientras Trump la ha respaldado públicamente, la amenaza de una acusación por narcotráfico o corrupción permanece latente si no se alinea con las exigencias estadounidenses.
(Con información de AP)
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