El historiador y ensayista cubano Julio César Guanche hizo varios señalamientos al discurso oficialista evidenciado en la nota del Ministerio del Interior (MININT) sobre la muerte del adolescente Zidan Batista, en Santa Clara, luego de que la policía disparara contra él.
La nota emitida el sábado, un día después de los acontecimientos en la barriada del Condado, no menciona el nombre de la víctima, de solo 17 años. En cambio, lo describe como una persona caracterizada “por una conducta violenta, con múltiples antecedentes delictivos”.
Al respecto, Guanche recuerda que se trata de “la cuarta persona negra o mestiza muerta, que se tenga noticia pública, a manos de enfrentamientos directos con la policía en los últimos tres años en Cuba” y refiere los nombres de Yamisel Díaz Hernández, 2020; Hansel Ernesto Hernández Galiano y Diubis Laurencio Tejeda, 2021. Este último murió en un altercado con la policía durante las protestas antigubernamentales del 11j en el barrio habanero de La Güinera.
“No conozco información pública sobre los resultados de las investigaciones respectivas, allí cuando existan, pero de lo publicado se conoce que no existió tenencia, por parte de ninguno de los fallecidos, de armas de fuego”, señaló el intelectual.
También recalca que la nota del MININT de Villa Clara sobre los acontecimientos refiere “múltiples antecedentes delictivos”, que no es lo mismo que “antecedentes penales”. “Aquí radica un patrón de las notas oficiales sobre el resto de las muertes citadas: encuadran a las víctimas como delincuentes al momento de dar noticia del fallecimiento”, destaca.
“La identificación de pobres, sobre todo jóvenes y negros, con "criminales", es un hecho común en todas partes. Esa representación profundiza círculos viciosos que generan desventajas para los pobres racializados, y privilegios para los actores con poder”, agrega.
Guanche plantea que “ese discurso prejuzga cuando menciona los antecedentes "delincuenciales" a la hora de comunicar una muerte, y racializa cuando la mención recae mayoritaria y selectivamente sobre sujetos negros y mestizos”.
De igual modo, cuestiona la noción de “legítima defensa” expuesta en el comunicado, a modo de defensa respecto del proceder de los agentes para zanjar el conflicto. “Es incuestionable que el derecho a la vida protege por igual al personal policial, pero la legítima defensa propia del Derecho Penal (medio necesario o racional para repeler el ataque antijurídico), no es extensible sin más al actuar de fuerzas del orden”, advierte.
“Para estas, el uso de la fuerza tiene límite en los estándares internacionales de derecho internacional de los derechos humanos y en normas nacionales. Esto, por lo siguiente: un funcionario policial no actúa de modo espontáneo al recurrir a la fuerza, como ocurre en el caso de la legítima defensa por parte de civiles; realiza una tarea para la que cuenta con medios excepcionales (armas letales) y entrenamiento particular; y su actuar está sujeto a reglas”, añade.
De igual modo, expone que “un principio general sobre el uso oficial de armas de fuego es que tiene que ser "absolutamente necesario" en relación con la amenaza que pretende repeler”, llamando la atención sobre las ventajas de los uniformados ante la población civil y la disparidad de fuerzas de ambas partes.
La versión del MININT apunta que el joven intentó “privar de la vida” a un oficial “contra el cual se abalanzó con un cuchillo entizado en una mano y un machete en la otra”. “Ante el peligro inminente de la vida del oficial, sus compañeros hicieron uso del arma reglamentaria, en defensa de su integridad física”, explica.
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