El Tribunal Supremo Popular de Cuba anunció la suspensión del XII Encuentro Internacional “Justicia y Derecho”, previsto para celebrarse en La Habana del 27 al 29 de mayo de 2026. En un comunicado oficial, el Comité Organizador atribuyó la cancelación a la “ilegal, injusta y genocida escalada” del Gobierno de Estados Unidos, argumentando que el recrudecimiento de las sanciones ha generado dificultades económicas que impiden garantizar el nivel del evento.
El presidente del Tribunal Supremo Popular, Oscar Manuel Silvera Martínez, expresó disculpas a las instituciones y juristas que planeaban participar y aseguró que la decisión fue “tan difícil como necesaria”. El texto insiste en que el embargo estadounidense afecta todos los ámbitos de la vida nacional, incluido el intercambio académico y científico, y reafirma la intención de retomar el encuentro cuando las condiciones lo permitan.
Sin embargo, más allá de las razones económicas expuestas, la suspensión reabre el debate sobre el estado real de la justicia en Cuba. Organizaciones de derechos humanos y juristas independientes sostienen que el sistema judicial cubano no actúa con autonomía, sino subordinado al poder político. La Constitución establece que los tribunales están sujetos a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado, ambos controlados por el Partido Comunista, lo que limita la independencia de jueces y fiscales.
En los últimos años, el desempeño más visible del aparato judicial ha sido el procesamiento de críticos del Gobierno, activistas, periodistas independientes y ciudadanos que participaron en manifestaciones pacíficas. Tras las protestas del 11 de julio de 2021, cientos de personas fueron condenadas en juicios cuestionados por observadores internacionales por la falta de garantías procesales. Las acusaciones de “desorden público”, “sedición” o “desacato” se han convertido en herramientas habituales contra la disidencia.
Mientras tanto, la corrupción dentro de estructuras estatales y empresas públicas continúa siendo un problema recurrente, reconocido incluso por medios oficiales. Casos de malversación, desvío de recursos y privilegios dentro de la élite administrativa contrastan con la severidad aplicada a ciudadanos comunes. Para críticos del sistema, esta disparidad evidencia un modelo donde la ley no opera con igualdad, sino como mecanismo de control político.
La cancelación del Encuentro “Justicia y Derecho”, que durante años reunió a juristas de distintos países, también refleja el deterioro institucional que atraviesa la isla. En un contexto de crisis económica, apagones y escasez de recursos, el Gobierno mantiene la narrativa de que las dificultades obedecen exclusivamente a factores externos. No obstante, analistas señalan que la falta de independencia judicial, la ausencia de reformas estructurales y la concentración del poder limitan cualquier avance real hacia un Estado de derecho.
Así, mientras el Tribunal Supremo responsabiliza a Washington por la suspensión del evento, persisten interrogantes sobre la credibilidad de un sistema judicial que, para muchos cubanos, ha sido más eficaz en castigar la crítica que en garantizar derechos. La paradoja resulta evidente: se pospone un foro sobre justicia en un país donde precisamente la independencia judicial es uno de los temas más cuestionados.
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