La reciente publicación del periódico oficialista Granma sobre la crisis en la producción lechera de Camagüey confirma lo que durante años han denunciado productores, economistas y ciudadanos: el modelo agrícola cubano es incapaz de sostener ni siquiera el suministro básico de alimentos esenciales como la leche. Lo alarmante no es solo la magnitud del desastre, sino que se reconozca abiertamente desde un medio estatal, aunque se evite mencionar al verdadero responsable: el gobierno cubano.
En nueve municipios de Camagüey, los niños no reciben el litro de leche diario que les corresponde, y muchas familias deben recurrir al mercado informal para obtener medio litro cada dos o tres días. Si esta tendencia continúa, advierte Granma, en tres años los pequeños recibirán leche apenas una vez cada tres días, lo que demuestra el colapso de una de las pocas conquistas sociales que aún el régimen dice defender.
El reportaje revela cifras que hablan por sí solas: más de 2.600 productores contratados incumplen con sus entregas, y cerca de mil ni siquiera han entregado un solo litro en lo que va de 2025. Esto representa más de 500.000 litros de leche que no llegaron a los niños, a las embarazadas o a los enfermos. El problema es sistémico, no solo coyuntural: falta combustible, no hay insumos agrícolas, los pagos no se realizan en efectivo y los mecanismos de cobro son imprácticos para los campesinos.
Los testimonios recogidos por Granma reflejan una realidad marcada por la improvisación, la desidia institucional y la falta de incentivos. Productores que antes alcanzaban millones de litros hoy abandonan el sector porque el Estado no cumple su parte: ni paga a tiempo, ni entrega los recursos mínimos para mantener la producción, ni ofrece seguridad jurídica. Algunos agricultores deben recorrer varios kilómetros solo para intentar cobrar por tarjeta en bancos donde no hay electricidad o efectivo, perdiendo el día y, muchas veces, la esperanza.
La famosa cuenca lechera diseñada por Fidel Castro, símbolo de su visión productiva centralizada, hoy no produce ni la mitad de lo que entregaba años atrás. Municipios que sobrecumplen sus planes según los papeles, en realidad entregan menos leche que el año anterior. La manipulación estadística se combina con el caos administrativo: contratos firmados "a ciegas", diagnósticos inexistentes sobre las capacidades reales de los ganaderos y bases productivas que no facturan a tiempo ni informan a sus asociados.
Granma señala que la industria láctea camagüeyana necesita acopiar 90.000 litros diarios para cumplir con las dietas médicas y las entregas a embarazadas, pero a veces no logra ni los 50.000 para los niños. Aún así, la empresa acumula deudas por pagar de hasta 900 millones de pesos. Sin capacidad financiera, sin materia prima y con una estructura burocrática que asfixia la producción, es claro que la responsabilidad no está en los campesinos, sino en el modelo que los condena al fracaso.
El desastre lechero de Camagüey es solo un reflejo más del fracaso nacional. No se trata de una provincia mal gestionada, sino de un sistema centralizado, ineficiente y desconectado de la realidad del campo. Ni el discurso de resistencia ni los llamados a la conciencia revolucionaria pueden reemplazar la necesidad de un sistema productivo que funcione, incentive al productor y garantice a la población sus derechos alimentarios.
Mientras los niños de Camagüey ven cómo la leche desaparece de su dieta diaria, el gobierno sigue sin asumir que la raíz del problema es su modelo de control total. Y aunque Granma intente disfrazar el desastre con eufemismos y tecnicismos, el mensaje es claro: el Estado cubano ha fracasado, una vez más, en su deber más básico.
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