La sanción impuesta a un productor en el municipio de Yara, provincia de Granma, Andrés Manuel Sosa Ramírez, ha generado reacciones en redes sociales y vuelve a centrar la atención en las condiciones del sector agropecuario en Cuba.
Un campesino del municipio de Yara, en la provincia de Granma, denunció en redes sociales haber sido sancionado con una multa de 60 000 pesos por una supuesta irregularidad en la clasificación de su ganado, según una inspección del Centro Nacional de Control Pecuario (CENCOP).
El productor, identificado como Andrés Manuel Sosa Ramírez, afirmó que la sanción responde a una “diferencia de edad” entre los animales registrada durante el control. En su publicación, cuestionó el monto de la multa en relación con el valor estimado del ganado. “Un toro de 500 kilogramos lo pagan a precio de gallina flaca”, expresó, aludiendo a los precios de comercialización.
De acuerdo con normativas vigentes en Cuba, el Estado establece precios de acopio para el ganado. En marzo de 2026, el Consejo de Ministros fijó un precio máximo de 75 pesos por kilogramo para toros de primera categoría, lo que representaría 37 500 pesos para un animal de 500 kilogramos, antes de posibles ajustes. El productor sostiene que, en la práctica, los pagos pueden ser inferiores.
El caso ha generado comentarios en redes sociales sobre las condiciones de trabajo en el sector agropecuario, incluyendo regulaciones, precios y mecanismos de control. En este contexto, algunos productores han señalado dificultades relacionadas con el cumplimiento de normativas administrativas y el impacto de las sanciones económicas.
Datos reportados por medios locales indican que en provincias como Las Tunas se han aplicado multas a ganaderos por irregularidades en registros pecuarios, en paralelo con reportes de robo y sacrificio ilegal de ganado. Estas situaciones han sido señaladas por productores como factores que inciden en su actividad.
El marco legal vigente, que incluye disposiciones como el Decreto Ley 70/2022, establece sanciones por incumplimientos en el control y registro del ganado. Autoridades han defendido estas medidas como parte del ordenamiento del sector, mientras que productores han expresado opiniones diversas sobre su implementación.
El testimonio difundido por Sosa Ramírez se suma a otros reportes y opiniones sobre el funcionamiento del sistema agropecuario en el país. El tema continúa generando debate en espacios digitales y entre actores vinculados a la producción de alimentos en Cuba.
Fuente: Andrés Manuel Sosa Ramírez
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