En un país golpeado por la crisis económica más profunda de las últimas tres décadas y donde conviven varias monedas en circulación, el Gobierno cubano aprobó un nuevo marco jurídico con el que busca extender la educación financiera a toda la población. La medida llega en un contexto marcado por inflación sostenida, escasez de bienes básicos y un entorno económico cada vez más complejo.
El nuevo instrumento legal, el Decreto-Ley 115 de Educación Financiera, fue publicado esta semana en la Gaceta Oficial de la República de Cuba y establece la creación de una Estrategia Nacional de Educación Financiera bajo la conducción del Banco Central de Cuba. La iniciativa pretende dotar tanto a ciudadanos como a empresas de conocimientos y habilidades que les permitan gestionar mejor sus recursos, comprender riesgos y tomar decisiones económicas informadas.
Según el texto legal, la educación financiera se concibe como un derecho vinculado al bienestar económico y social. El decreto define este proceso como un aprendizaje continuo orientado a formar hábitos, valores y conocimientos que ayuden a las personas a enfrentar la volatilidad del mercado, planificar gastos, fomentar el ahorro y protegerse ante riesgos como la pérdida de ingresos o los desastres naturales.
La estrategia abarcará a personas naturales y jurídicas, e incluye programas de formación, talleres, seminarios y la elaboración de materiales educativos. Ministerios, instituciones financieras y organizaciones sociales estarán llamados a destinar recursos presupuestarios para garantizar la sostenibilidad de estas acciones.
Para su implementación, el Banco Central coordinará un esquema institucional que involucra a un Comité Estratégico con ministerios clave, un Grupo Líder integrado por funcionarios del propio banco y un Comité Técnico encargado de ejecutar los programas junto a bancos, aseguradoras y entidades tributarias. El decreto fija principios como accesibilidad, imparcialidad, sostenibilidad y participación popular, y apuesta por modalidades presenciales y virtuales, así como por la capacitación periódica de formadores.
Los contenidos abarcan desde nociones básicas —uso del dinero, registros financieros y presupuestos— hasta temas más complejos como inversiones, seguros, prevención de fraudes, activos virtuales y finanzas sostenibles. También se prohíbe el uso comercial de los datos recopilados en estos programas.
La iniciativa surge en un momento crítico para la economía cubana, afectada por la caída del turismo, la reducción de remesas, las dificultades para importar alimentos y combustibles y un sistema energético inestable. En paralelo, los nuevos actores económicos —mipymes, cooperativas y trabajadores privados— enfrentan un sistema tributario rígido y un acceso limitado al crédito.
No obstante, la medida ha generado escepticismo. El economista Pedro Monreal calificó la iniciativa de “presuntuosa” y cuestionó que se recargue al Banco Central con una función pedagógica cuando, a su juicio, no ha logrado cumplir su misión básica de preservar el poder adquisitivo del peso cubano. Para Monreal, la educación financiera debería recaer en instituciones educativas, no en una burocracia ya sobrecargada.
Así, mientras el Gobierno presenta la educación financiera como una herramienta para fomentar resiliencia y confianza institucional, el debate queda abierto sobre su efectividad real en un entorno económico donde la incertidumbre y la desconfianza siguen marcando la vida cotidiana.
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