Reinaldo Trujillo Sánchez, un ciudadano cubano bajo custodia de inmigración, enfrenta cargos por intento de asesinato en segundo grado y agresión agravada con un arma mortal, tras verse involucrado en dos tiroteos en el condado de Miami-Dade.
El primer incidente ocurrió el 29 de enero en una estación de servicio Mobil ubicada en 10291 NW 27th Avenue. Según el informe policial, Trujillo Sánchez se acercó a un hombre con quien comenzó una discusión verbal que rápidamente escaló. El sospechoso sacó una pistola plateada y golpeó a la víctima en la cabeza con la culata del arma. Luego le disparó, hiriéndolo en el pecho y el brazo izquierdo.
La víctima fue trasladada de emergencia al Centro de Trauma Ryder del Hospital "Jackson Memorial", donde fue estabilizada tras recibir atención médica por heridas graves.
Poco después, Trujillo Sánchez fue vinculado a un segundo tiroteo, en el que otro hombre resultó herido en ambas piernas en la zona de Northwest Seventh Avenue y Seventh Street. La investigación reveló que ambos hombres se conocían desde hacía meses, y la víctima permitía que Trujillo realizara transacciones bancarias usando su cuenta, ya que este no tenía una propia.
El conflicto comenzó cuando Trujillo creyó haber depositado 1.000 dólares en la cuenta del otro hombre. Al no reflejarse el ingreso, pensó que la víctima había retirado el dinero sin avisarle.
La confrontación final tuvo lugar después de que la víctima visitara una sucursal de Wells Fargo para aclarar la situación. Al salir, se encontró con Trujillo, quien lo esperaba cerca de su auto.
Ambos discutieron dentro del vehículo, pero la conversación se volvió violenta. La víctima notó que Trujillo llevaba un revólver y trató de quitárselo, desatándose un forcejeo que terminó con varios disparos.
El sospechoso huyó del lugar en el auto de la víctima. Posteriormente, la policía encontró un arma plateada en el asiento trasero del Mercedes-Benz de Trujillo, coincidiendo con la descrita por el herido.
De ser hallado culpable por intento de homicidio, Trujillo Sánchez podría enfrentar hasta 15 años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares, además del riesgo de deportación al finalizar su sentencia.
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