El régimen cubano volvió a escena internacional con un discurso ya conocido: no puede pagar sus deudas, pero no asume responsabilidades. Una delegación oficial encabezada por el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva viajó a París para reunirse con representantes de más de una docena de países acreedores, en el marco de los encuentros con el Club de París, con el objetivo de justificar el incumplimiento de los compromisos financieros de la isla.
Según la versión difundida por la agencia oficial Prensa Latina, los acreedores reconocieron los “esfuerzos” de La Habana por cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, el mensaje central del Gobierno cubano fue otro: explicar que no puede pagar. Y, como de costumbre, trasladar la culpa hacia factores externos.
La delegación cubana argumentó que la crisis económico-financiera que atraviesa el país —que ya se extiende por más de seis años— se debe fundamentalmente a la pandemia y al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.
Lo que no se mencionó en París fue el elefante en la habitación: el colapso estructural de un modelo económico que no funciona. El régimen cubano volvió a evitar cualquier autocrítica sobre décadas de centralización, ineficiencia productiva, destrucción del sector privado, dependencia externa y políticas económicas fallidas que han llevado al país a una situación de insolvencia crónica.
Cuba firmó en 2015 un acuerdo histórico con el Club de París, que le condonó 8.500 millones de dólares de una deuda total de 11.000 millones, comprometiéndose a pagar el resto en plazos. Sin embargo, el país incumplió parcialmente en 2019 y en 2020 se declaró incapaz de pagar, solicitando moratorias y renegociaciones sucesivas. Desde entonces, los acuerdos han sido modificados varias veces, siempre en función de la imposibilidad real del Estado cubano para honrar sus compromisos.
Las cifras oficiales reflejan una economía contraída en más de un 15 % en los últimos cinco años, una crisis de liquidez extrema, empresas estatales improductivas, escasez de efectivo y una población atrapada entre apagones, inflación y desabastecimiento. Pero en el discurso oficial, el problema nunca es el sistema: siempre es la pandemia, las sanciones, el contexto internacional o cualquier factor externo que permita evitar la responsabilidad política.
La reunión en París no fue una demostración de solvencia ni de credibilidad financiera, sino una admisión diplomática de quiebra. Un Estado que no puede pagar, que depende de renegociaciones constantes y que vive de la tolerancia de sus acreedores, mientras se niega a reformar las bases de un modelo económico agotado.
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