El Gobierno cubano endurece las reglas del pago digital, obliga a los negocios a aceptar transferencias bancarias y habilita canales de denuncia, mientras persisten fallas técnicas y desconfianza entre los consumidores.
El proceso de bancarización en Cuba entra en una nueva fase de mayor control. El Ministerio de Economía y Planificación reiteró que todos los actores económicos están obligados a aceptar pagos mediante transferencias bancarias, en un intento por reducir el uso de efectivo y aumentar la supervisión financiera en el país.
La advertencia responde a un creciente número de quejas de ciudadanos que denuncian la negativa de algunos comercios a utilizar canales electrónicos. Según las autoridades, esta práctica viola las disposiciones establecidas por el Banco Central de Cuba, que impulsa el uso de plataformas digitales como parte de su estrategia económica.
El marco legal que sustenta esta obligación incluye la Resolución 111/2023, que limita a 5.000 pesos cubanos las transacciones en efectivo entre actores económicos. A partir de ese monto, los pagos deben realizarse de forma electrónica. La medida busca mejorar la trazabilidad del dinero, reducir la economía informal y fortalecer el control estatal sobre las operaciones comerciales.
El incumplimiento de estas normas puede acarrear consecuencias severas. El Decreto Ley 91 establece multas que pueden alcanzar hasta 60.000 pesos, dependiendo del tipo de negocio y la gravedad de la infracción. Además, contempla sanciones como la suspensión temporal de licencias, su cancelación definitiva e incluso el cierre total o parcial de establecimientos reincidentes.
Las autoridades también han puesto el foco en el uso indebido de códigos QR personales. Esta práctica, común en algunos negocios, permite desviar pagos hacia cuentas no fiscales, lo que dificulta la supervisión tributaria por parte de la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Por ello, se insiste en que todas las transacciones digitales deben dirigirse a cuentas oficiales registradas.
Para reforzar el cumplimiento, el gobierno ha habilitado varias vías de denuncia. Los consumidores pueden reportar irregularidades a través de líneas telefónicas estatales, correos electrónicos y oficinas de atención ciudadana. Estas herramientas buscan involucrar a la población en el control de las prácticas comerciales.
Sin embargo, el avance de la bancarización no está exento de obstáculos. Uno de los principales reclamos ciudadanos está relacionado con la bonificación del 6% ofrecida por los bancos para incentivar los pagos digitales. En la práctica, muchos usuarios aseguran que este beneficio no siempre se aplica, lo que genera frustración y desconfianza.
A estas dificultades se suman problemas técnicos, errores en la configuración de los comercios y costos adicionales para los emprendedores, como comisiones por el uso de terminales de pago. Este escenario crea una tensión constante entre las exigencias legales y la realidad operativa.
Aunque más de 400 establecimientos han sido sancionados o cerrados por incumplimientos, la efectividad del modelo sigue en debate. La bancarización "avanza" pero lo hace en medio de fallas estructurales que limitan su aceptación y funcionamiento en la vida cotidiana de los cubanos.
Fuentes: Directorio Cubano
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