Costa Rica y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo migratorio que permite trasladar a territorio costarricense a personas deportadas desde EE. UU., con un marco flexible que respeta la decisión soberana del país centroamericano y busca garantizar asistencia temporal a los migrantes mientras se define su retorno.
Costa Rica ha dado un paso importante en la gestión regional de la migración al sellar un acuerdo con Estados Unidos que permite recibir a migrantes deportados desde ese país. La firma se concretó durante una visita oficial a San José del presidente estadounidense Rodrigo Chaves y la enviada especial de la iniciativa “Escudo de las Américas”, Kristi Noem, quien destacó la cooperación regional para facilitar el retorno de personas en situación irregular.
El convenio, definido como voluntario por las autoridades costarricenses, no obliga legalmente al país, pero establece un marco de cooperación que ha generado debate político y social. Según lo acordado, Estados Unidos podrá proponer el envío de migrantes de terceros países, aunque Costa Rica evaluará cada caso y mantiene la potestad de rechazar solicitudes o determinadas nacionalidades. Las previsiones iniciales sugieren un máximo de 25 personas por semana, aunque la cifra puede ajustarse según criterios nacionales.
Los migrantes trasladados recibirán un estatus temporal mientras se organiza su retorno a sus países de origen. Estados Unidos asumirá los costos del traslado, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se encargará de brindar asistencia humanitaria, como alojamiento y alimentación. El organismo internacional ha aclarado que no participa en las deportaciones, limitándose a la atención humanitaria una vez que los migrantes llegan a Costa Rica.
A pesar de las garantías ofrecidas, el acuerdo ha provocado cuestionamientos desde la política y la sociedad. Legisladores de oposición han pedido mayor transparencia sobre la implementación y los controles del mecanismo, así como detalles sobre la atención integral a los migrantes. Por otro lado, sectores del oficialismo defienden la medida como una forma de cooperación internacional ante la presión migratoria que enfrenta Estados Unidos y como un proceso que respeta los derechos humanos y protege frente a riesgos de persecución.
Costa Rica ya tiene experiencia en este tipo de operaciones: en 2025 recibió a cerca de 200 personas deportadas en traslados puntuales desde Estados Unidos. Con este nuevo acuerdo, la práctica se formaliza y podría mantenerse de forma regular, siempre bajo la decisión soberana del Gobierno costarricense. Sin embargo, la iniciativa también ha dividido la opinión pública, reflejando tanto la esperanza de un manejo organizado de la migración como el temor a la sobrecarga del sistema migratorio interno.
El acuerdo evidencia un esfuerzo conjunto por establecer mecanismos regionales que equilibren la cooperación internacional y la soberanía nacional, mientras se busca garantizar un trato digno y temporal para quienes llegan al país en situación de deportación.
Fuentes:
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