Un jurado federal en Miami ordenó a la plataforma de viajes Expedia indemnizar con 29,8 millones de dólares al cubanoamericano Mario Echevarría, quien alegó que la empresa obtuvo ganancias por la comercialización de hoteles construidos en tierras de su familia, confiscadas tras la Revolución cubana.
La sentencia, emitida por el juez federal Federico Moreno, marca un precedente importante bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, una herramienta legal que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a compañías que se beneficien de propiedades expropiadas por el gobierno de Fidel Castro. Esta sección de la ley fue activada en 2019 por la administración Trump.
Echevarría reclamó derechos sobre terrenos en Cayo Coco, una zona turística clave en el norte de Cuba, y señaló a Expedia y sus filiales –como Hotels.com y Orbitz– por facilitar reservas en hoteles ubicados en esas tierras, sin verificar su origen legal. Entre los establecimientos señalados figuran el Iberostar Mojito, Iberostar Colonial y Pullman Cayo Coco.
El jurado concluyó que las empresas actuaron con negligencia al no investigar si estaban operando sobre propiedades sujetas a reclamaciones legales. Se impuso una compensación triplicada, tal como permite la ley cuando se demuestra que la entidad demandada ignoró advertencias sobre la ilegalidad de sus operaciones.
El abogado del demandante, Andrés Rivero, calificó la decisión como “una victoria significativa para los cubanoamericanos cuyos bienes fueron confiscados sin compensación”. La firma Rivero Mestre, que representó a Echevarría, destacó que esta es la primera vez que un juicio bajo el Título III llega a un jurado y obtiene una sentencia favorable de esta magnitud.
La demanda original se presentó tras años de litigios similares por parte de otros cubanoamericanos contra plataformas digitales de viajes. Aunque muchas de esas querellas fueron desestimadas, Echevarría logró mantener su caso activo y consolidarlo en 2023.
Expedia aún no ha indicado si apelará la sentencia. Sin embargo, el fallo podría abrir la puerta a más demandas similares, especialmente en sectores como el turismo y la energía, donde empresas extranjeras han operado en propiedades expropiadas.
Actualmente, otras acciones legales están en curso bajo la misma ley. ExxonMobil, por ejemplo, mantiene un proceso contra las compañías estatales cubanas CUPET y CIMEX por el uso de instalaciones petroleras confiscadas. Asimismo, la Havana Docks Corporation ha demandado a varias líneas de cruceros por utilizar el puerto de La Habana sin autorización de los antiguos propietarios.
La sentencia contra Expedia representa un nuevo capítulo en el esfuerzo por hacer cumplir los derechos de propiedad arrebatados por el régimen cubano hace más de seis décadas. Para muchos en la comunidad del exilio, se trata de una reivindicación largamente esperada.
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