En la Unidad Militar de las FAR de la División de tanques de la Región de Matanzas ubicada en San Miguel, cerca de Coliseo en el municipio Jovellanos hay tremendo negocio. En la nota del medio digital La Tijera se explica que allí llevan los autos de renta para el turismo que ya no están en explotación y en vez de venderlos a los médicos, ingenieros y otros profesionales, simplemente los desactivan en piezas y de contrabando las venden luego, proporcionándole grandes cantidades de dinero al jefe de la Unidad y a los principales dirigentes de la localidad.
Esto es algo que conocen todos en la zona, pero que nadie se había atrevido a sacar a la luz pública por temor a las represalias. Si así funcionan las cosas en una Unidad Militar de un lugar recóndito de la geografía cubana ¿cuántas cosas no hacen los principales cabecillas de esa Cúpula Dictatorial?
Este tipo de denuncias ponen en evidencia la corrupción que muchos alegan está incrustada en diferentes niveles del aparato estatal cubano.
El caso de la Unidad de Tanques en Coliseo, Matanzas no es un hecho aislado, sino parte de una red más amplia de manejos turbios que afectan tanto a la economía como a la moral de la población.
Según la información, los vehículos destinados originalmente para el turismo, que al finalizar su vida útil podrían haber beneficiado a profesionales son desmantelados y sus piezas vendidas en el mercado negro. Este negocio ilegal no solo representa un acto de corrupción, sino que también priva a muchos trabajadores del acceso a recursos que, en teoría, deberían estar destinados a ellos como parte de los incentivos que el gobierno promueve para ciertos sectores.
El hecho de que este tipo de prácticas ocurran en una instalación militar sugiere la complicidad o, al menos, la tolerancia de altos mandos, quienes deberían ser los garantes de la legalidad y la disciplina en estas instituciones. La falta de denuncias previas podría deberse al miedo a represalias, algo común en un entorno donde las libertades individuales están limitadas y cualquier intento de exposición pública puede tener consecuencias graves.
La publicación de esta información por perfiles como La Tijera sugiere que, poco a poco, más personas están dispuestas a romper el silencio y exponer las irregularidades, a pesar del riesgo que esto conlleva. Sin embargo, la pregunta que queda es si estas denuncias tendrán algún impacto real en la corrección de estos actos o si simplemente se sumarán a la larga lista de injusticias que quedan impunes en el sistema actual.