Las autoridades de Hialeah, una ciudad con una de las mayores poblaciones de origen cubano en Estados Unidos, han iniciado una ofensiva para examinar si cerca de 290 negocios locales mantienen relaciones comerciales con el Gobierno de Cuba sin cumplir la normativa federal o estatal. El anuncio fue hecho por el nuevo alcalde de la ciudad, Bryan Calvo, poco después de asumir su cargo.
Calvo, un cubanoamericano de 28 años conocido por su postura firme contra el Gobierno cubano, creó de inmediato un grupo consultivo denominado Grupo Asesor de Negocios con Cuba (CUBAT). Este equipo, integrado por funcionarios municipales y figuras del sur de Florida, como el influencer político Alexander Otaola, será el encargado de auditar contratos y licencias comerciales para determinar si están vinculados con autoridades de la isla o con actividades prohibidas por la ley estadounidense.
El proceso investigativo se centra en negocios que, según registros municipales, declararon algún tipo de relación con Cuba —especialmente empresas dedicadas al envío de paquetes a la isla— y que serán notificadas formalmente de la indagación. Las autoridades han subrayado que estar en la lista no implica por sí mismo una violación, pero esos comercios deberán presentar documentación que respalde la legalidad de sus operaciones y los permisos federales correspondientes.
La investigación podría implicar la revisión de licencias y contratos por parte de la Unidad de Crímenes Económicos de la Policía de Hialeah, y se espera que dure alrededor de seis meses. Durante este tiempo, los dueños de los negocios tendrán la oportunidad de defender sus casos ante el Concejo de la ciudad antes de que se decida si sus licencias comerciales continúan vigentes o son suspendidas o revocadas.
Aunque los nombres de las empresas bajo escrutinio no han sido dados a conocer públicamente, los informes señalan que la mayoría se dedica al envío de paquetes a Cuba, un sector tradicionalmente importante en Hialeah.
La acción local forma parte de un movimiento más amplio en el sur de Florida para restringir las operaciones comerciales vinculadas con el régimen cubano, en un contexto de políticas más duras hacia Cuba impulsadas también a nivel federal por la administración de Estados Unidos. Ciudades como Doral, Coral Gables y Miami han expresado su intención de adoptar medidas similares, y en meses recientes el recaudador de impuestos del condado de Miami‑Dade revocó licencias a varias empresas tras una investigación relacionada.
En suma, la ofensiva administrativa en Hialeah marca un paso firme de las autoridades locales para revisar y potencialmente sancionar a empresas que, según ellos, podrían estar operando al margen de las leyes de Estados Unidos en su relación con Cuba.
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