Un grupo de congresistas demócratas, encabezado por el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, presentó esta semana un proyecto de ley para contrarrestar la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump que declara el inglés como idioma oficial de Estados Unidos.
La propuesta legislativa, conocida como H.R.3238 o “HABLA Act”, fue introducida el 7 de mayo con el objetivo de garantizar que el idioma no se convierta en una barrera para millones de ciudadanos que necesitan acceder a servicios federales. De aprobarse, la medida codificaría en ley federal los principios de la Orden Ejecutiva 13166, firmada por el presidente Bill Clinton en 2000, la cual exigía a las agencias federales tomar medidas para asegurar un acceso lingüístico equitativo.
El presidente Trump dejó sin efecto esa normativa el pasado 1 de marzo mediante su nueva orden titulada “Designación del inglés como idioma oficial de los Estados Unidos”, lo que ha generado preocupación en comunidades hispanohablantes, especialmente en Puerto Rico, donde el español es el idioma predominante.
“El gobierno funciona mejor cuando las personas pueden entenderlo”, afirmó Hernández Rivera en un comunicado. “Este proyecto de ley busca eficiencia administrativa y sentido común: mejorar los servicios públicos asegurando que los ciudadanos comprendan la información que reciben, en su propio idioma si es necesario”.
Uno de los casos que encendió las alarmas fue la decisión del Servicio Nacional de Meteorología (NWS), que bajo la nueva orden dejó de traducir sus alertas climáticas al español. El comisionado residente advirtió sobre el grave riesgo que esto representa para territorios vulnerables como Puerto Rico, donde los huracanes y tormentas tropicales son frecuentes.
“Estamos a las puertas de la temporada de huracanes, y negar información vital en el idioma que habla una gran parte de la población es inaceptable y peligroso”, añadió Hernández Rivera. “Esto no es solo una cuestión de derechos lingüísticos, sino de seguridad y vidas humanas”.
La propuesta legislativa también pretende evitar que las personas que hablan lenguas distintas al inglés enfrenten obstáculos al buscar servicios como atención médica, asistencia de vivienda o ayuda durante emergencias climáticas.
En Puerto Rico, la historia del idioma ha sido motivo de debate. En 1991, bajo la administración de Rafael Hernández Colón, abuelo del actual comisionado, se aprobó una ley que declaraba el español como único idioma oficial. Sin embargo, esa normativa fue derogada en 1993 durante el mandato de Pedro Rosselló González, restableciendo la cooficialidad del inglés y el español.
Ahora, en medio de un clima político polarizado, la “HABLA Act” busca defender el derecho de todos los ciudadanos —sin importar el idioma que hablen— a recibir servicios públicos claros, comprensibles y accesibles.
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