El gobierno del presidente Donald Trump anunció una reducción sin precedentes en el programa de admisión de refugiados a Estados Unidos. A partir del año fiscal 2026, el país aceptará únicamente 7,500 solicitantes de asilo, una cifra que representa una caída histórica respecto a los 125,000 permitidos durante la administración de Joe Biden. Según el aviso publicado en el Registro Federal, la mayoría de los admitidos procederán de Sudáfrica y serán de origen blanco.

El memorándum oficial justificó la medida “por razones humanitarias o de interés nacional”, sin ofrecer mayores detalles sobre los criterios utilizados. Sin embargo, esta decisión marca un fuerte viraje en la política migratoria estadounidense, que durante décadas había acogido a cientos de miles de personas que huían de guerras, persecuciones o desastres humanitarios en distintas partes del mundo.

La agencia Associated Press adelantó que la administración Trump consideraba desde hace meses un límite mucho más bajo de lo habitual, y que el grupo principal beneficiado serían los afrikaners, una minoría blanca de Sudáfrica. En febrero, el gobierno ya había anunciado un programa especial de refugio para este grupo, argumentando que los granjeros blancos del país africano son víctimas de discriminación y violencia.

El gobierno sudafricano, no obstante, rechazó tajantemente esa caracterización. El ministro de Relaciones Exteriores, Ronald Lamola, calificó la medida como un “trato preferencial” hacia un grupo históricamente privilegiado. “Con nuestra historia, ofrecer refugio a los afrikáners, que no huyen de ningún genocidio, es un apartheid 2.0”, afirmó Lamola en agosto, recordando que estos ciudadanos disfrutan de un nivel de vida superior al de la mayoría negra y son propietarios de dos tercios de las tierras cultivables del país.

Desde que Trump retomó el poder, el programa de refugiados ha sido objeto de recortes drásticos. El mandatario ya había suspendido temporalmente las admisiones durante su primer día de gobierno, lo que provocó la paralización de cientos de casos en proceso. Solo un pequeño número de personas ha logrado ingresar al país mediante órdenes judiciales.

Organizaciones humanitarias y agencias de reasentamiento en Estados Unidos han denunciado que esta política está provocando el desmantelamiento de un sistema con décadas de funcionamiento. Muchos centros de ayuda se han visto obligados a despedir a personal y cerrar oficinas ante la drástica caída en la llegada de refugiados.

La decisión también representa un cambio ideológico profundo: mientras administraciones anteriores, tanto demócratas como republicanas, consideraban el reasentamiento de refugiados como un compromiso moral e internacional de Estados Unidos, la política actual se centra en criterios selectivos y nacionalistas.

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