El presidente Donald Trump volvió a generar una fuerte polémica tras anunciar el despliegue de tropas en Portland, Oregón y en todos los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) supuestamente “amenazados por Antifa y otros terroristas domésticos”.

La orden, publicada en su cuenta de Truth Social, asegura que la ciudad está “devastada por la guerra” y que autorizó “el uso de la fuerza total” para defender esas instalaciones.

La fiscal general Pam Bondi respaldó de inmediato la decisión y confirmó que habrá agentes federales en las oficinas de ICE a nivel nacional. En un mensaje en X (antes Twitter), advirtió que existe “tolerancia cero para la violencia política” y aseguró que quienes ataquen a un solo agente federal “irán a la cárcel”. También advirtió que los responsables serán juzgados en tribunales federales, no en cortes estatales.

El anuncio se produce en medio de un clima de protestas contra las políticas migratorias del Gobierno federal. Manifestaciones recientes en Portland y otras ciudades, que opositores califican de expresiones legítimas de descontento, han sido catalogadas por la administración Trump como “ataques coordinados de extremistas radicales”.

El alcalde de Portland Keith Wilson rechazó públicamente la intervención. Dijo que la ciudad no ha solicitado ayuda federal y que la policía local sabe contener los incidentes de violencia sin necesidad de tropas.

Además, el Gobierno estatal anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad si Trump intenta federalizar la Guardia Nacional de Oregón, siguiendo el ejemplo de Los Ángeles, donde un tribunal limitó la presencia militar en las calles.

El despliegue refleja la estrategia de Trump de vincular la violencia política con la izquierda radical tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Sus críticos sostienen que se trata de un uso político de las fuerzas de seguridad y que los datos oficiales sobre criminalidad no respaldan la narrativa de caos que promueve el expresidente.

El escenario abre un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno federal y las autoridades locales. Mientras Trump asegura que “restaura el orden”, alcaldes y gobernadores temen que se trate más de una ocupación que de una operación de seguridad.

El debate sigue: ¿es un paso necesario para proteger instalaciones federales o un movimiento de fuerza que erosiona la autonomía de las ciudades?

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