La Administración Trump ha emitido una nueva directriz que endurece los criterios médicos para otorgar visas en Estados Unidos. Según un cable interno del Departamento de Estado, los funcionarios consulares deberán considerar si los solicitantes padecen enfermedades como diabetes, cáncer, obesidad o afecciones cardiovasculares antes de aprobar una visa o residencia.

El documento, revelado por KFF Health News, amplía el rango de enfermedades que pueden influir en una decisión migratoria, lo que en la práctica podría restringir la entrada de personas con padecimientos crónicos o condiciones que requieran atención médica costosa.

De acuerdo con la directriz, los oficiales deben analizar la salud y edad del solicitante, así como su capacidad económica para costear tratamientos prolongados sin depender de programas públicos. “Ciertas afecciones médicas —entre ellas enfermedades respiratorias, metabólicas, neurológicas o mentales— pueden requerir atención por valor de cientos de miles de dólares”, indica el texto.

El cable también menciona la obesidad como un factor de riesgo a considerar, al estar asociada con complicaciones como asma, hipertensión o apnea del sueño. En estos casos, los funcionarios deberán determinar si el solicitante cuenta con recursos suficientes para cubrir los costos médicos “durante toda su esperanza de vida” sin recurrir a ayuda gubernamental.

Expertos en inmigración han expresado preocupación ante la medida. Charles Wheeler, abogado de la Red Católica de Asistencia Legal para la Inmigración (CLINIC), señaló que la regla “podría aplicarse a casi todos los solicitantes”, aunque tendría mayor impacto en quienes buscan residencia permanente. Según Wheeler, el cambio refuerza el criterio de “carga pública”, que permite negar la entrada a personas que podrían representar un gasto para el Estado.

Hasta ahora, los exámenes médicos requeridos para visas se centraban principalmente en detectar enfermedades contagiosas o verificar vacunaciones obligatorias. Sin embargo, esta nueva política introduce un componente económico que, en opinión de organizaciones proinmigrantes, discrimina a personas enfermas o de bajos recursos.

La medida forma parte del amplio paquete de reformas migratorias impulsadas por Trump desde el inicio de su segundo mandato, orientadas a reducir tanto la inmigración irregular como el acceso a beneficios públicos. En las últimas semanas, el Gobierno también eliminó la extensión automática de permisos de trabajo (EAD) para ciertos inmigrantes que soliciten renovaciones ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), afectando a miles de trabajadores legales.

Para los críticos, esta nueva guía médica consolida una política de exclusión basada en criterios de salud y economía. “Estamos viendo un patrón claro: restringir la inmigración no solo por razones de seguridad o empleo, sino también por condiciones médicas”, señaló Wheeler.

Fuente: El Diario

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