La Administración de Donald Trump negocia con Uruguay un posible acuerdo para enviar a ese país a cubanos deportados desde Estados Unidos, en una nueva medida que podría afectar a miles de migrantes de la isla en medio del endurecimiento de la política migratoria de Washington.

Según informó The New York Times, las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y uruguayos se han desarrollado durante meses y estarían orientadas a encontrar un nuevo destino para cubanos que no puedan permanecer legalmente en Estados Unidos y cuya deportación directa a Cuba no sea posible.

La propuesta adquiere especial relevancia para la comunidad cubana debido a las dificultades que históricamente han existido para ejecutar deportaciones hacia la isla. Aunque el Gobierno cubano se ha negado en numerosas ocasiones a recibir a ciudadanos expulsados de Estados Unidos, durante este año ha aceptado algunos vuelos de deportación.

La Administración Trump ha ampliado entretanto la búsqueda de terceros países dispuestos a recibir migrantes deportados. Cubanos han sido enviados a México y también a países africanos, entre ellos Eswatini y Sudán del Sur, donde algunos permanecieron bajo custodia.

El posible acuerdo con Uruguay representaría un nuevo escenario para los cubanos deportados. El Gobierno uruguayo estudia mecanismos para regularizar a los migrantes y facilitar su acceso al mercado laboral y a los servicios sociales. Algunos funcionarios consideran que esta alternativa podría permitir a los deportados permanecer fuera de Cuba y reducir la posibilidad de que intenten regresar posteriormente a Estados Unidos.

Uruguay también podría convertirse en un destino atractivo por la presencia de una comunidad cubana establecida y por la posibilidad de reunir a algunos deportados con familiares que ya residen en el país. La nación sudamericana mantiene una política migratoria relativamente abierta y necesita trabajadores debido al envejecimiento de su población.

Sin embargo, la nueva política estadounidense genera especial preocupación entre los cubanos que viven en Estados Unidos. La Administración Trump ha restringido diversas vías migratorias y ha endurecido las condiciones para quienes buscan regularizar su situación.

María José Espinosa, directora ejecutiva del Centro para el Compromiso y la Defensa en las Américas, estima que alrededor de 600.000 cubanos podrían encontrarse en riesgo de deportación, aunque esa cifra depende de la situación migratoria individual de cada persona.

El cambio supone una transformación significativa respecto a décadas anteriores, cuando los cubanos recibían un tratamiento migratorio excepcional en Estados Unidos. La Ley de Ajuste Cubano de 1966 permitió durante décadas que numerosos ciudadanos de la isla pudieran acceder a la residencia permanente después de cumplir determinados requisitos.

Ahora, organizaciones defensoras de los migrantes advierten sobre las consecuencias de deportar a personas que llevan años establecidas en Estados Unidos. Algunos expertos consideran que, si se concretara un acuerdo con Uruguay, este podría representar una alternativa menos riesgosa que el envío de deportados a países donde no tienen vínculos familiares ni redes de apoyo.

Mientras Washington continúa buscando destinos para quienes son expulsados, el endurecimiento de las políticas migratorias añade incertidumbre a miles de cubanos que enfrentan la posibilidad de perder su estatus y verse obligados a abandonar Estados Unidos, incluso después de haber construido allí sus vidas y familias.

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