En la localidad de Calabazar, municipio Boyeros, en La Habana, se ha registrado un hecho trágico que ha conmocionado a la comunidad: una mujer identificada como Elena fue hallada sin vida en una zona de matorrales, presuntamente a manos de su esposo, quien más tarde fue encontrado también fallecido.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado los motivos que habrían provocado este fatídico desenlace.

Este caso se suma a la creciente lista de casos de violencia contra la mujer en Cuba, que en 2025 ya suman al menos 21 feminicidios verificados por plataformas independientes como YoSíTeCreo en Cuba y Alas Tensas.

Aunque el gobierno reconoció 76 asesinatos de mujeres motivados por género durante 2024, no utiliza el término "feminicidio" en sus comunicados oficiales.

Si bien, en julio de 2023, el Estado aprobó un sistema nacional de registro y monitoreo para casos de violencia contra mujeres, dicho mecanismo aún no incluye una definición legal del feminicidio ni se ha implementado una ley integral que proteja a las víctimas de violencia de género.

Esta laguna jurídica contribuye al clima de impunidad que, lamentablemente, sigue en aumento.

Colectivos feministas y activistas en la isla han insistido en que una ley integral y la tipificación del feminicidio son urgentes y necesarias para garantizar justicia y protección efectiva.

Por su parte, muchos ciudadanos demandan respuestas rápidas y concretas: ¿por qué los casos no se esclarecen a tiempo? ¿Qué hace falta para que las mujeres estén verdaderamente protegidas?

El caso de Elena, además de su impacto personal y comunitario, refleja una problemática estructural que exige medidas institucionales contundentes, transparencia en la investigación, y políticas públicas que realmente garanticen que ninguna mujer vuelva a ser víctima sin que haya justicia.

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