El senador Leo Housakos utilizó sus redes sociales para pedirle al presidente de su nación Justin Trudeau que interceda para garantizar la seguridad de un joven ciudadano canadiense preso en la isla tras las protestas del 11 de julio.

“El gobierno de Trudeau debe actuar de inmediato para garantizar la seguridad de este joven. Canadá ya no puede seguir anteponiendo la seguridad de los ciudadanos canadienses a mantener vínculos con regímenes que no tienen en cuenta los derechos humanos”, escribió en Twitter.

Michael Carey Abadin, un ciudadano canadiense de madre cubana arrestado el 12 de julio en La Habana, continúa preso en la isla y realizando trabajo forzado, dijeron a CBC News sus familiares y defensores.

Abadin tiene tan solo 23 años y estaba junto a su madre en el municipio de Habana Vieja el día que iniciaron las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio que dejaron a cientos de cubanos detenidos.

Al día siguiente lo arrestaron alegando que lanzó una piedra a una patrulla de la policía política.

En prisión la condición de salud del joven ha empeorado. Primero se enfermó de COVID-19 y después de hepatitis y herpes (no genital).

Fue empeorando tanto que tuvieron que trasladarlo a la enfermería de la cárcel Jóvenes de Occidente, ubicada en las afueras de La Habana.

La madre del joven, Yvis Abadin dijo que tras denunciar el caso a CBC News fue visitada por un capitán de la policía cubana. Después de eso, el chico fue sacado de la enfermería y enviado a la brigada de trabajo. Ahora “está cortando maleza con un machete”, indicó la señora.

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“Mi hijo está en peores condiciones que antes. Ahora tiene lesiones en sus piernas que están supurando”, denunció Abadin a CBC News.

En el último año, el número de presos políticos en Cuba ha ascendido a 525, de acuerdo con la denuncia de Prisioners Defenders.

Esta cifra se convierte en un récord histórico para el país, tal y como informa la ONG a través de un informe sobre la represión política de la isla.

Prisioners Defenders vela por los derechos humanos y defiende la democracia. El Parlamento Europeo, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Congreso de Washington o el Departamento de Estado de Estados Unidos son algunas de las muchas instituciones que utilizan los informes de la ONG.

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