La polémica por el retiro de las esculturas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara en el Jardín Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, continúa generando debate. Más de 30 agrupaciones y un centenar de personas han exigido su reinstalación, pero lo que muchos ciudadanos desconocen es que estas organizaciones no actúan de manera independiente: en su mayoría están financiadas y controladas por la dictadura cubana, operando bajo la coordinación directa de la Embajada de Cuba en México.

El Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos (Comaep) del gobierno capitalino respondió recientemente a estas demandas señalando que no tiene facultades para actuar legalmente contra la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien ordenó la remoción el 16 de julio. En cambio, pidió a la alcaldía que gestione una decisión sobre la permanencia, retiro o reubicación de los bronces. Esta respuesta fue considerada insuficiente por los grupos que encabezan la presión política.

Detrás de los reclamos figuran entidades como el Comité del 68 y el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, ambas con estrechos vínculos con la embajada cubana. Estos colectivos, junto con activistas y académicos afines al régimen de La Habana, se han convertido en portavoces de la estrategia del castrismo en México: mantener vivo el culto a la revolución cubana en el espacio público, incluso cuando esto genera controversia social.

Uno de los rostros visibles de la campaña es Carolina Verduzco, integrante del Comité del 68, quien advirtió que no restituir las esculturas significaría “una derrota política para la 4T”. Declaraciones de este tipo revelan cómo el régimen cubano intenta instrumentalizar la política interna mexicana, presionando para que se prioricen sus símbolos ideológicos por encima de la legalidad y la voluntad ciudadana.

El pasado 4 de agosto, los colectivos enviaron una solicitud a Alejandro Encinas, presidente del Comaep, firmada por más de 30 organizaciones y personalidades cercanas a la izquierda mexicana. Entre los firmantes se encuentran Tamara Barra, del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, y el historiador Pablo Moctezuma, ambos con conocidas relaciones con funcionarios cubanos.

Cuando Encinas respondió que el comité carece de facultades legales para forzar la reinstalación, las agrupaciones enviaron una segunda carta calificando su respuesta de “desacertada” y acusando a las autoridades de evadir su responsabilidad. Este patrón de presión organizada coincide con las prácticas de la diplomacia cubana, que históricamente ha promovido campañas internacionales para defender la imagen de sus líderes.

Más allá del debate legal, el caso revela cómo el régimen de La Habana utiliza la red de organizaciones de solidaridad en México como una herramienta de propaganda política. Las esculturas no son simples piezas artísticas, sino un símbolo cuidadosamente elegido por la Embajada de Cuba para reforzar la narrativa histórica de la revolución en territorio extranjero.

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