Estados Unidos deportó este jueves a Cuba a la jueza Melody González Pedraza, quien permaneció 484 días en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La información fue confirmada por varias fuentes cercanas al caso al periodista Mario J. Pentón, de Martí Noticias.

González Pedraza llegó a Tampa, Florida, el 30 de mayo de 2024 en un vuelo procedente de La Habana bajo el programa de Parole Humanitario impulsado por la administración de Joe Biden. Sin embargo, al arribar se le negó la entrada al país debido a su historial como funcionaria judicial en Cuba. Posteriormente solicitó asilo político, proceso que perdió definitivamente en mayo de 2025.

Antes de abandonar la isla, la jueza había firmado sentencias de tres y cuatro años de cárcel contra cuatro jóvenes de Encrucijada, Villa Clara, acusados de lanzar cócteles molotov contra viviendas y un jeep de altos mandos policiales y de la Seguridad del Estado. Ninguno de los acusados superaba los 30 años de edad. El juicio fue duramente cuestionado por la falta de garantías procesales: las pruebas se basaron únicamente en testimonios de la Seguridad del Estado y en la retractación de una confesión, lo que llevó a organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar la ausencia de debido proceso en Cuba.

Familiares de los condenados reaccionaron con alivio tras conocerse la deportación de la jueza. Dunia Marisol Rodríguez Milián, madre de uno de los jóvenes presos, declaró a Martí Noticias: “Se hizo justicia. Ella no merecía vivir en Estados Unidos después que tanto daño hizo en Cuba”.

Exiliados cubanos jugaron un papel importante en el proceso. Según fuentes citadas por Pentón, las denuncias contra González Pedraza fueron determinantes para que la fiscalía lograra evidenciar su responsabilidad como parte del aparato represivo cubano. Samuel Rodríguez Ferrer, testigo clave en el proceso, afirmó: “Se hizo justicia parcial. En realidad ella debería ser juzgada en Cuba con un gobierno democrático por el abuso sistemático a los derechos humanos”.

Además de Melody González Pedraza, también fueron deportados su esposo, William Hernández Carrazana, y su hermano, Ruber González Pedraza. Ambos habían defendido públicamente al régimen en redes sociales antes de viajar a Estados Unidos, aunque borraron su historial digital poco antes de emigrar.

El caso de González Pedraza se convirtió en un ejemplo del escrutinio que enfrentan los funcionarios y colaboradores del régimen cubano que intentan establecerse en territorio estadounidense. Si bien muchos llegan bajo programas humanitarios, la presión del exilio y las investigaciones sobre su pasado están marcando precedentes en cuanto a la rendición de cuentas.

(Con información de Martí Noticias)

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