En un intento por revitalizar una economía profundamente deteriorada y atraer capital fresco, el régimen cubano presentó este martes un amplio paquete de medidas dirigido a dinamizar la inversión extranjera. El anuncio tuvo lugar durante la apertura del VIII Foro de Inversiones en el marco de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025), encabezado por el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga.

La presentación ocurre en un contexto especialmente delicado. Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia reciente, con escasez generalizada, inflación descontrolada y un sistema financiero al borde del colapso. En este escenario, La Habana busca mostrarse como un destino “atractivo y seguro” para potenciales inversionistas, incluyendo a los cubanos residentes en el exterior, a quienes se les promete las mismas oportunidades que a cualquier empresario foráneo. Sin embargo, esta apertura formal contrasta con una realidad mucho más compleja y riesgosa.

En los últimos meses, el Gobierno ha comenzado a notificar discretamente a empresas extranjeras que no podrán extraer ni transferir al exterior las divisas depositadas en bancos cubanos. Esta medida, que funciona como un “corralito financiero” no declarado, ya había sido probada con un grupo reducido de compañías a inicios de año, pero ahora se generaliza. Su efecto inmediato es claro: cualquier inversión queda atrapada dentro del país, sin garantías de repatriación de utilidades, un factor decisivo para quienes evalúan entrar en el mercado cubano.

El historial reciente tampoco juega a favor de la confianza. Diversos empresarios cubanos radicados en el exterior han denunciado que, tras invertir en Cuba, el Estado terminó apropiándose de sus propiedades o cancelando sus contratos de forma unilateral. En algunos casos, los inversores incluso enfrentaron procesos penales o fueron arrestados, lo que ha generado un clima de desconfianza que ahora el Gobierno intenta revertir con promesas de nuevas garantías y procedimientos más transparentes.

Aun así, las medidas anunciadas son amplias y ambiciosas. Entre ellas se ratifica que los cubanos residentes en el exterior podrán invertir en igualdad de condiciones, se actualiza la cartera de oportunidades —con 426 proyectos por más de 31 mil millones de dólares— y se impulsa la creación de nuevas zonas especiales de desarrollo, con especial protagonismo para la Zona Especial de Desarrollo Mariel, donde se concentra el 70% de las propuestas actuales.

El paquete también apunta a flexibilizar los mecanismos operativos: los inversionistas podrán comercializar de manera mayorista con todos los actores económicos, comprar combustibles en divisas e incluso importar directamente carburantes si es necesario. También se introduce un esquema financiero diferenciado que permitirá operar tanto en CUP como en divisas, además de mantener cuentas bancarias en el exterior para ingresos provenientes de exportaciones.

En materia laboral, se autoriza a los empleadores a participar directamente en la selección del personal y se permiten gratificaciones en divisas para trabajadores vinculados a estos proyectos, un cambio significativo respecto al rígido sistema de contratación estatal que ha caracterizado al país por décadas.

El Gobierno promete además reducir la burocracia: los organismos tendrán solo siete días para evaluar nuevas propuestas —si no responden, se considerará una aprobación automática— y se disminuirán los requisitos documentales, sustituyendo estudios técnico-económicos por simples Planes de Negocio.

Aunque estas medidas representan, sobre el papel, un giro considerable hacia una mayor apertura, los obstáculos estructurales son difíciles de ignorar. La crisis energética, la falta de liquidez, la pérdida de credibilidad institucional y, especialmente, el control estatal férreo sobre los sectores estratégicos siguen generando incertidumbre entre potenciales inversionistas. Más aún cuando, simultáneamente, el régimen mantiene un “corralito” financiero que impide el libre manejo de las divisas.

Cuba intenta convencer al mundo —y a su propia diáspora— de que existen nuevas oportunidades. Pero en un país donde la inseguridad jurídica se ha convertido en norma, las experiencias negativas del pasado reciente pesan más que cualquier promesa. Para muchos, el verdadero desafío del Gobierno no es anunciar nuevas medidas, sino demostrar que esta vez está dispuesto a cumplirlas.

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