Hace unos días, se conoció que la fiscal Ana Lilian Caballero Arango solicitó, en sus conclusiones provisionales ante la Sección de lo Penal del Tribunal Municipal Popular de Matanzas, penas de cuatro y tres años de privación de libertad para Alina Bárbara López Hernández (por los supuestos delitos de «desobediencia», «desacato» y «atentado») y para Jenny Victoria Pantoja Torres (acusada de «atentado»), respectivamente.

Estas penas, según se planteó, podrían ser “sustituidas alternativamente por trabajo correccional sin internamiento” por igual tiempo.

Ante un proceso que, según ellas, es completamente injusto y que pretende mostrar a las acusadas como delincuentes comunes, ambas han decidido expresar con claridad su posición: no aceptarán ninguna otra decisión que no sea la total exoneración de los cargos. También han dejado claro que se negarán a cumplir con cualquier tipo de sanción sustitutiva, como el trabajo correccional, por considerarlo indigno y lesivo a sus derechos fundamentales.

“Obedecer la sanción significaría admitir acusaciones falsas que lo que pretenden en realidad es evitar el ejercicio de derechos refrendados y aprobados en la Constitución de la República”, declaran. En su lectura, se trata de un proceso espurio que busca intimidar a la ciudadanía para que actúe como súbdita y no como sujeto de derechos. Además, consideran que el verdadero objetivo es debilitar, en la práctica, la Constitución aprobada en 2019, restándole validez a los derechos que en ella se consagran.

“Por una cuestión de justicia, compromiso y solidaridad con nuestros compatriotas presos por motivos políticos”, rechazan cualquier aparente beneficio. Sostienen que aceptar una sanción menor, en medio de acusaciones graves, supondría un tratamiento de privilegio que ignora a mujeres y hombres que cumplen condenas en condiciones similares o peores. Para ellas, sería inaceptable beneficiarse dentro de un sistema judicial que describen como elitista, racista y antipopular.

También afirman que la decisión de ofrecer una sanción alternativa es parte de un cálculo político del Estado cubano, que busca evitar el escándalo internacional que implicaría condenar a figuras públicas con respaldo dentro y fuera del país. Sin embargo, ellas hacen su propia lectura política: están dispuestas a denunciar ante la opinión pública y los organismos internacionales la falta absoluta de ciudadanía plena en Cuba, donde los derechos y garantías fundamentales están severamente restringidos.

“No merecemos ir a prisión; como no lo merecían los cientos de presas y presos políticos que han hecho ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de manifestación pacífica”, afirman.

Aunque no desean estar privadas de libertad, se declaran dispuestas a correr los riesgos necesarios para defender su dignidad y el derecho a ejercer libremente su ciudadanía.

Con este mensaje, solicitan solidaridad a sus compatriotas y a la comunidad internacional para con su causa, y con todas las personas encarceladas por motivos políticos en Cuba.

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