En un hecho inusitado, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, viajó hasta Washington para protestar oficialmente por la mención de su país en la “lista negra” de violación a derechos humanos, una relación donde figuran los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Guatemala aparece en el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que el mandatario decidió ir a Estados Unidos y oponerse a tal decisión ante la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), indica Univisión este jueves.

Giammattei criticó el reporte en la OEA. El presidente se había negado una delegación de la CIDH con el fin examinar la situación de los derechos humanos en la nación centroamericana, después de recibir una nota comunicándole la visita del grupo. Consideró el hecho como una "extorsión" y una "amenaza".

La CIDH le advirtió que, si no aceptaba la inspección, el país sería incluido en la "lista negra", basándose en una reforma de la Comisión de 2013, que establece la posibilidad de eximir del Capítulo IV a los países que permitan ese año una visita del organismo, algo que ha rechazado sistemáticamente Venezuela, negándose a recibir delegaciones del organismo desde 2002.

Cada año, la CIDH publica una evaluación del continente que contiene el capítulo IV, conocido como la "lista negra", donde señala los países que, debido a registros de violaciones de derechos humanos, requieren una "atención especial" por parte del organismo.

Cuba y Venezuela llevan años apareciendo en el listado, al cual más recientemente fue incorporada Nicaragua. En los últimos tiempos, las relaciones entre EE.UU. y Guatemala se han distanciado. La CIDH denuncia en su informe de 2021 el "progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática" en el país.

También refiere "las injerencias sistemáticas contra la independencia" del sistema judicial, las "irregularidades en el proceso de elección de magistrados", así como "la criminalización y estigmatización" de los jueces.

En mayo, Washington criticó la renovación en el cargo de la fiscal general de Consuelo Porras, a la que el Departamento de Estado incluyó en septiembre de 2021 en una lista de "actores corruptos y antidemocráticos". Porras, que permanecerá en el cargo hasta 2026, ha sido acusada de obstaculizar y frenar investigaciones contra la corrupción en el país durante sus primeros cuatro años en el cargo.

Sobre el caso de Cuba, la CIDH documentó "al menos 2872 acciones represivas" en la isla entre enero y el 15 de noviembre de 2021. De ellas, señaló que al menos 1745 ocurrieron en el marco de las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado.

Respecto de Nicaragua, subraya que los comicios donde fue reelecto Daniel Ortega, se celebraron “en un contexto de violaciones a derechos humanos derivadas del incremento de hechos de hostigamiento, allanamientos, amenazas y detenciones arbitrarias” en contra de opositores, activistas de derechos humanos y periodistas.

En cuanto a Venezuela, denuncia “la práctica reiterada de ejecuciones judiciales de hombres jóvenes en situación de pobreza”, así como detenciones arbitrarias de los detractores del gobierno de Nicolás Maduro. También destaca las “desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles en contextos de privación de libertad”.

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