Un grupo de congresistas de Florida, incluidos María Elvira Salazar, Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart, Marco Rubio y Rick Scott, han solicitado la revocación inmediata de la visa de inmigrante otorgada a Manuel Menéndez Castellanos, un ex alto funcionario del Partido Comunista de Cuba. La petición fue dirigida al Secretario de Estado, Antony Blinken, y al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, con el objetivo de impedir que Menéndez Castellanos permanezca en Estados Unidos.

Menéndez Castellanos, quien llegó a Miami el 16 de agosto de 2024 con una visa de inmigrante por reunificación familiar, ha generado controversia debido a su historial como Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos y como miembro de la Asamblea Nacional de 1998 a 2008. Su cercanía al régimen castrista y su papel en el Equipo de Coordinación y Apoyo del dictador Fidel Castro han levantado preocupaciones entre los legisladores, quienes consideran su presencia en EE.UU. como inaceptable.

En la carta enviada a Blinken y Mayorkas, los legisladores argumentan que es inconcebible que alguien con el historial de Menéndez Castellanos, quien dedicó su vida a defender el comunismo y a subyugar al pueblo cubano, pueda disfrutar de las libertades del sistema capitalista estadounidense. "Dado que trabajó tan duro para defender el comunismo, debe pasar su jubilación viviendo en el sistema comunista", señala la misiva.

La solicitud de los legisladores destaca la indignación ante la posibilidad de que Menéndez Castellanos viva en EE.UU., un país que representa los valores opuestos a los que promovió durante su tiempo en el gobierno cubano. Ahora, el futuro de Menéndez Castellanos en Estados Unidos depende de la respuesta del Departamento de Estado, que deberá decidir si revoca o no su visa de inmigrante.

Esta situación pone en relieve las tensiones políticas entre los legisladores de Florida y el gobierno de Cuba, así como la preocupación por la entrada de exfuncionarios del régimen cubano al país. Los congresistas han dejado claro que no están dispuestos a tolerar la presencia de individuos que, según ellos, han sido cómplices de la represión y las violaciones de derechos humanos en Cuba.

La respuesta del Departamento de Estado será crucial para determinar el desenlace de este caso y las posibles implicaciones para futuros casos similares en los que exfuncionarios de regímenes autoritarios intenten establecerse en Estados Unidos.

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