La creciente crisis económica que atraviesa Cuba ha desatado una ola de robos que afecta tanto al sector estatal como al privado. La escasez generalizada, los bajos salarios y la falta de control en la distribución de recursos han convertido el robo en una práctica cada vez más frecuente, al punto de involucrar incluso a funcionarios y empleados estatales.

Uno de los casos más recientes y alarmantes ocurrió en Habana del Este, donde se sustrajo un frigorífico cargado con 197 sacos de leche en polvo destinados a la canasta básica de niños menores de dos años. Según informó la Fiscalía General de la República, al menos siete personas han sido detenidas, entre ellas dos trabajadores del establecimiento estatal, un cuentapropista que adquirió gran parte del lote a precios inflados y cuatro intermediarios que lo comercializaban mediante redes sociales.

Las autoridades señalan que las investigaciones continúan y que no se descarta la implicación de otros actores, incluidos responsables del sistema de distribución. Este hecho pone en evidencia el deterioro institucional y el debilitamiento del control estatal sobre bienes esenciales.

En otro caso registrado en Sancti Spíritus, cuatro individuos fueron detenidos por el robo y venta ilegal de balas de gas licuado. Dos de ellos fueron identificados como los autores directos de los hurtos, cometidos en más de 20 viviendas, mientras los otros dos actuaban como revendedores. Las autoridades investigan posibles irregularidades en la administración local del gas, ya que este producto se considera de alta prioridad para el consumo doméstico.

Ambos hechos confirman una tendencia que ha venido agudizándose en los últimos años: el incremento del robo como vía de supervivencia, facilitado por la corrupción, la falta de supervisión y la desesperación económica. Hoy en día, no solo son ciudadanos comunes quienes incurren en estos delitos, sino también trabajadores estatales y dirigentes, que aprovechan su posición para desviar recursos y lucrar en el mercado informal.

Más allá del discurso oficial que insiste en responsabilizar al embargo estadounidense de la crisis, la realidad en las calles refleja una profunda descomposición institucional. El robo de bienes esenciales, como alimentos, medicamentos, combustible y productos domésticos, se ha vuelto casi cotidiano. En muchos barrios, la población ya no se sorprende al enterarse de que un dirigente ha sido cómplice en el desvío de productos básicos.

La impunidad, la falta de transparencia y la escasez crónica son el caldo de cultivo perfecto para que estos actos sigan proliferando. Mientras tanto, la ciudadanía sigue pagando las consecuencias: una alimentación cada vez más precaria, servicios inestables y una sensación creciente de abandono.

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