Un joven de 18 años fue condenado a ocho años de privación de libertad en un juicio considerado ejemplarizante por el Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila, en la sede judicial del municipio de Morón. El caso se enmarca en la política de Tolerancia Cero contra el tráfico de drogas ilícitas, con el objetivo declarado de disuadir conductas similares entre la población juvenil.

Según reportes de la prensa provincial, el acusado fue sorprendido en posesión de 206 papelitos de cannabinoide sintético, también conocido como “químico”.

Durante la vista oral y pública, el presidente del tribunal detalló los cargos del acusado y enfatizó los riesgos sociales y peligros asociados al consumo y tráfico de drogas sintéticas, recordando que el país mantiene políticas firmes para combatir este fenómeno. La fiscalía presentó los elementos de acusación, mientras que la defensa, a cargo de la abogada del joven, expuso sus argumentos en favor del imputado.

Tras las deliberaciones, la sala sentenciadora aplicó la regla especial de adecuación prevista en el Artículo 18.1.3 del Código Penal, que permite ajustar la sanción considerando la edad del condenado. En este caso, el tribunal valoró que el joven tenía apenas 18 años —“prácticamente un adolescente”— aunque también tomó en cuenta la alta lesividad del delito.

La prensa local ha calificado la sentencia como juicio ejemplarizante, destacando su carácter aleccionador para la sociedad y especialmente para los jóvenes, sin ofrecer detalles precisos sobre la fecha del juicio ni la identidad completa del acusado. El único dato difundido es la edad del condenado, resaltando que, a pesar de ser prácticamente un adolescente, la gravedad del delito justificó la sanción impuesta.

Este tipo de juicios forma parte de una serie de acciones institucionales orientadas a combatir el tráfico de drogas y sus efectos nocivos en la sociedad cubana. La combinación de penas severas y la visibilidad del proceso busca reforzar la percepción de que la justicia actúa con firmeza contra quienes infringen las leyes sobre estupefacientes.

El caso también evidencia el enfoque preventivo que las autoridades cubanas intentan implementar, involucrando a la comunidad, organizaciones sociales y medios locales para crear conciencia sobre los riesgos del consumo y tráfico de sustancias ilícitas. La participación de estudiantes y representantes juveniles en la audiencia buscó reforzar el mensaje educativo y disuasorio, enviando una señal clara sobre la seriedad con que el país enfrenta este tipo de delitos.

Si bien la sentencia ha generado debate sobre la proporcionalidad de las penas para jóvenes, las autoridades subrayan que la protección de la sociedad y la prevención del consumo de drogas son prioridades que justifican la aplicación de la política de Tolerancia Cero.

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