Un nuevo grupo de 10 migrantes deportados desde Estados Unidos llegó a Esuatini, un pequeño reino del sur de África, provocando preocupación entre organizaciones de derechos humanos y abogados internacionales.

Estas deportaciones forman parte de un programa reciente mediante el cual Estados Unidos envía a ciudadanos con órdenes de expulsión a terceros países africanos bajo acuerdos mayormente secretos. Desde julio, más de 40 personas han sido enviadas a naciones como Esuatini, Sudán del Sur, Ruanda y Ghana.

El viaje de estos 10 deportados incluyó varias escalas: partieron de Luisiana, hicieron paradas en Puerto Rico, Senegal y Angola, hasta finalmente llegar a Esuatini. Entre ellos se encuentran ciudadanos vietnamitas, representados legalmente por abogados estadounidenses que han seguido de cerca su situación. Las autoridades locales confirmaron que los migrantes fueron alojados “de manera segura” en instalaciones correccionales del país, aunque no se revelaron sus identidades ni el estado exacto de su detención.

Organizaciones de derechos humanos han criticado la medida, señalando que enviar personas a países donde el debido proceso no está garantizado pone en riesgo su seguridad y derechos fundamentales.

En Esuatini, un país gobernado por un monarca con poder absoluto, cuatro hombres deportados previamente llevan casi tres meses detenidos sin cargos, y sus abogados aún enfrentan obstáculos para visitarlos, pese a sentencias judiciales a su favor.

Estos acuerdos incluyen pagos millonarios de Estados Unidos a los países receptores: según documentos revisados por Human Rights Watch, Esuatini recibiría 5,1 millones de dólares por aceptar hasta 160 deportados. El programa también ha enfrentado críticas desde el Congreso estadounidense y múltiples organizaciones, que denuncian la falta de transparencia y las condiciones inciertas de detención en los países africanos.

Mientras tanto, Estados Unidos continúa planeando deportaciones adicionales, incluyendo ciudadanos que podrían ser enviados a Esuatini y otras naciones con acuerdos similares. La situación ha generado debate internacional sobre la ética de trasladar migrantes a terceros países, el respeto a los derechos humanos y la responsabilidad de los gobiernos involucrados en garantizar un trato digno y seguro.

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