El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo habría puesto fin al libre visado para los ciudadanos cubanos, una medida que durante más de cuatro años convirtió a Nicaragua en el principal punto de entrada y tránsito de migrantes de la isla rumbo a Estados Unidos. La decisión, adoptada de forma discreta y sin anuncio público, se produce en un contexto de creciente presión de Washington para contener los flujos migratorios irregulares en la región.

Según información divulgada por el medio nicaragüense Despacho 505, la Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior emitió con carácter urgente la Disposición No. 001-2026, mediante la cual los cubanos portadores de pasaportes ordinarios dejan de estar en la categoría migratoria “A”, que los eximía de visa, y pasan a la categoría “C”, correspondiente a visa consultada, aunque sin costo. La orden habría entrado en vigor a partir de este domingo 8 de febrero.

El documento, firmado por el comisionado general Juan Emilio Rivas Benites, invoca la “facultad soberana del Estado” para regular el ingreso, permanencia y salida de extranjeros. Asimismo, instruye notificar la nueva disposición a la Cancillería, a la representación consular cubana, a aerolíneas y a empresas de transporte terrestre y marítimo, con el objetivo de garantizar su aplicación inmediata.

Desde noviembre de 2021, cuando Managua eliminó el requisito de visa para los cubanos, Nicaragua se consolidó como un eslabón clave en la ruta migratoria hacia Estados Unidos. Miles de ciudadanos de la isla ingresaron legalmente al país para luego continuar, por vías irregulares, su travesía a través de Centroamérica y México. Ese flujo convirtió a Nicaragua en un punto de fricción constante con Washington, que ha acusado tanto a La Habana como a Managua de facilitar indirectamente la migración irregular.

El cierre de este “puente migratorio” coincide con un momento especialmente crítico para Cuba, marcada por una profunda crisis económica, apagones prolongados, escasez de combustible y un deterioro acelerado de las condiciones de vida. Analistas interpretan la medida como un intento de anticiparse a una posible nueva oleada migratoria de cubanos que buscan salir de la isla ante el agravamiento de la situación interna.

La decisión también se alinea con los esfuerzos del Gobierno estadounidense por frenar la migración desde el Caribe y Centroamérica, y con sus reiterados llamados al régimen nicaragüense para que adopte “medidas verificables” que demuestren voluntad política, no solo en materia migratoria, sino también en relación con la restauración de libertades democráticas, tras años de represión y cierre del espacio cívico.

Hasta el momento, ni el Gobierno de Nicaragua ni el de Cuba han confirmado oficialmente la existencia o el contenido de la Disposición No. 001-2026. El silencio de ambas partes refuerza el carácter opaco de una decisión que, de confirmarse, tendría un impacto directo en miles de cubanos que veían en Nicaragua una de las pocas vías legales para iniciar su salida del país.

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