Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, Estados Unidos ha endurecido su política migratoria con un aumento significativo en la detención y deportación de migrantes. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, más de 130,000 personas han sido arrestadas y cerca de 100,000 deportadas en un intento de cumplir con las promesas de campaña del presidente.

La mayoría de los deportados han sido enviados a México, aunque algunos han sido trasladados a El Salvador, específicamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo, una cárcel de máxima seguridad conocida por albergar a presuntos miembros de pandillas. Esta práctica ha sido criticada por diversas organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre la falta de debido proceso en muchas de estas deportaciones.

A pesar de diversas órdenes judiciales que han intentado frenar la aplicación de algunas de estas políticas, la administración de Trump ha continuado con su plan de deportaciones masivas, amparándose en normativas que permiten la expulsión inmediata de extranjeros considerados una amenaza para la seguridad nacional.

Uno de los instrumentos más controversiales utilizados en esta política ha sido la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa que permite la expulsión inmediata de personas sin necesidad de un juicio migratorio completo. Según reportes de la agencia EFE, esta medida se ha aplicado principalmente contra migrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua, aunque no se han presentado pruebas contundentes que respalden estas acusaciones.

La Unión de Libertades Civiles ha impugnado el uso de esta ley en tribunales, logrando órdenes de suspensión temporal de algunas deportaciones. Sin embargo, el Departamento de Estado confirmó recientemente la expulsión de otros 17 venezolanos bajo esta normativa, aumentando las preocupaciones sobre posibles violaciones a los derechos humanos.

Las estrictas medidas han generado una reducción significativa en los cruces fronterizos irregulares. En septiembre de 2024, se registraron 53,858 ingresos irregulares, mientras que en marzo de 2025 la cifra descendió drásticamente a 7,000. Según una fuente citada por el New York Post, los migrantes ahora perciben el cruce ilegal como una opción cada vez más riesgosa, ya que la mayoría de los detenidos enfrentan procesamiento inmediato y expulsión sin posibilidad de apelación.

Con estas políticas en marcha, el panorama migratorio en Estados Unidos ha cambiado drásticamente, marcando una de las etapas más restrictivas en la historia reciente del país. A medida que las cifras de deportaciones continúan en ascenso, las críticas contra la administración por su manejo de la crisis humanitaria no cesan, generando un debate sobre el futuro de la política migratoria estadounidense.

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