Un grupo bipartidista de congresistas en Estados Unidos ha presentado un nuevo proyecto de ley que busca extender las protecciones migratorias para cientos de miles de venezolanos que residen en el país bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

La propuesta, llamada TPS para Venezuela 2025, fue impulsada por los representantes María Elvira Salazar, Debbie Wasserman Schultz y Darren Soto. Su objetivo es evitar que miles de migrantes venezolanos pierdan la protección que actualmente les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

El Estatus de Protección Temporal se concede a ciudadanos de países que enfrentan condiciones peligrosas que impiden su regreso seguro, como conflictos armados o crisis humanitarias. En el caso de Venezuela, la continua inestabilidad política, económica y social ha sido la base para otorgar esta protección desde 2021.

El proyecto legislativo propone extender el TPS por un período inicial de 18 meses, con la posibilidad de renovación, lo que brindaría un respiro a más de 500.000 venezolanos que podrían verse afectados si se revoca este beneficio.

Sin embargo, el camino del proyecto no será sencillo. La administración del presidente Donald Trump, que ha intensificado su retórica antiinmigrante, ha solicitado a la Corte Suprema que le permita anular el TPS para varios países, incluida Venezuela. El asesor legal de Trump, John Sauer, presentó una solicitud de emergencia para revertir una orden emitida por el juez Edward Chen, quien detuvo temporalmente la cancelación del programa y cuestionó los motivos detrás de la medida.

Chen argumentó que la decisión de poner fin al TPS podría estar influenciada por consideraciones discriminatorias, lo que encendió el debate sobre el uso político de las políticas migratorias.

El nuevo proyecto de ley representa un esfuerzo por brindar seguridad jurídica a los venezolanos que han hecho su vida en Estados Unidos, muchos de los cuales huyen de un régimen autoritario y una severa crisis humanitaria. Para los congresistas promotores, se trata de un deber moral y estratégico proteger a personas que no pueden regresar a su país sin arriesgar su vida.

“La situación en Venezuela sigue siendo insostenible. No podemos permitir que nuestros aliados y vecinos en la lucha por la libertad sean tratados como criminales”, dijo Salazar, representante por Florida, estado que alberga una gran comunidad venezolana.

Aunque la iniciativa cuenta con apoyo en ambos partidos, enfrenta un entorno político complejo en Washington. El futuro del TPS para Venezuela podría depender tanto del curso legal que tome en la Corte Suprema como de las negociaciones en el Congreso.

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