El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó en Washington D.C. a Pablo Enrique Sosa Elizalde, un ciudadano cubano con antecedentes penales en Virginia.

Sosa Elizalde cumplió una condena de 12 meses en prisión por dos cargos de hurto en el condado de Loudoun. Además, carece de documentos que acrediten una estancia legal en territorio estadounidense, lo que lo convierte en un candidato para deportación.

Este arresto forma parte de una ofensiva mayor de ICE contra la inmigración irregular en Estados Unidos, especialmente centrada en personas con antecedentes criminales. En lo que va del año, se han reportado varias detenciones de cubanos involucrados en delitos graves.

Entre ellos está Rainel Pedroso, condenado a 15 meses por transportar a un extranjero indocumentado en Nueva Orleans, así como Osmani Mompié, acusado de conspirar para trasladar inmigrantes ilegales poniendo en riesgo sus vidas, y Robert Santiesteban, arrestado por tráfico de drogas, posesión ilegal de armas y robo de servicios.

Uno de los casos más preocupantes es el de Joaquín Palacios Juncal, calificado por el Departamento de Seguridad Nacional como “delincuente en serie” debido a su historial que incluye abuso infantil agravado, agresión con arma mortal, violencia doméstica y posesión de cocaína.

Pese a la severidad de los casos, el régimen cubano ha demostrado resistencia para aceptar la repatriación de algunos inmigrantes con antecedentes penales graves o que residían fuera de Cuba antes de 2017.

Ante esta negativa, Estados Unidos opta por deportar a algunos cubanos a terceros países en África, como Sudán del Sur y Esuatini, buscando reducir el riesgo que representan para la seguridad pública.

ICE ha reafirmado que su política es clara: “no habrá tolerancia con inmigrantes ilegales que tengan historial criminal”. La agencia utilizará todas las herramientas legales para garantizar la expulsión de estos individuos y proteger la seguridad nacional.

Este operativo coincide con una nueva estrategia anunciada por el presidente Donald Trump para fortalecer la seguridad en Washington D.C. El mandatario ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la capital como parte de un plan para “limpiar” la ciudad de pandillas violentas y enfrentar problemas sociales, como la gran cantidad de personas sin hogar.

El secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó que la Guardia Nacional estará activa en las calles a partir de la próxima semana, con unidades especializadas listas para intervenir si la situación lo requiere. Estas acciones reflejan un esfuerzo coordinado para reforzar el orden público en una de las ciudades más importantes del país.

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