La Oficina de Ejecución de Operaciones de Remoción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami anunció la detención de dos ciudadanos cubanos indocumentados con antecedentes penales en Florida. Los arrestos ocurren en el marco de una ofensiva migratoria intensificada por parte del Gobierno de Donald Trump.

Los detenidos son Gilberto Michael Marrero Henríquez de 40 años, capturado en Miami y Noslen Hernández Guerra de 39, arrestado en Tampa. Ambos hombres residían en Estados Unidos de manera ilegal y contaban con extensos historiales delictivos, incluyendo fraude, robo, lavado de dinero y violaciones de libertad condicional.

Según ICE, los dos casos son ejemplo del compromiso de la agencia para “ubicar y remover a individuos con antecedentes criminales”, considerados una amenaza para la seguridad pública. No obstante, la noticia genera preocupación debido a la nueva política de deportación a terceros países sin garantías legales básicas.

Cuba, país de origen de ambos migrantes, se niega sistemáticamente a aceptar a ciudadanos con condenas penales graves, lo que ha llevado a Estados Unidos a reubicar a estos deportados en naciones como Esuatini, Ruanda o Sudán del Sur, bajo un polémico programa secreto aprobado por la Corte Suprema en junio pasado.

El caso reciente de un cubano deportado a Esuatini —que permanece encarcelado sin juicio ni acceso a abogado— ha generado críticas de defensores de derechos humanos. Organizaciones advierten que esta política podría violar tratados internacionales, ya que expone a los deportados a tratos crueles, prisión arbitraria y desarraigo total.

Expertos legales alertan que el uso de terceros países como “depósitos de indeseables” representa una grave erosión del derecho al debido proceso y podría dejar a muchos migrantes en situaciones extremas, sin protección legal ni esperanza de retorno.

Mientras la política migratoria continúa endureciéndose en Florida, los arrestos de Marrero y Hernández reabren el debate sobre la legalidad, la ética y el impacto humano de las deportaciones sin garantías mínimas.

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