Los datos publicados recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) provoca un fuerte debate en Estados Unidos. A pesar de que las autoridades aseguran que sus operaciones están dirigidas a los criminales más peligrosos, las cifras cuentan otra historia: los inmigrantes sin antecedentes penales son el grupo más numeroso entre los arrestados.

Hasta agosto de 2025, de un total de 59,762 detenciones, 16,523 corresponden a personas sin historial criminal, lo que representa el 27.6% del total. Este número supera incluso a los 15,725 inmigrantes con registros criminales y a los 13,767 con cargos pendientes.

La contradicción es evidente frente a las promesas pasadas de que la prioridad serían los delincuentes peligrosos.

El patrón varía según la geografía. En ciudades republicanas como Miami, Dallas y Nueva Orleans, las detenciones suelen producirse en cárceles locales, donde ICE arresta a inmigrantes que ya cumplían condenas. Sin embargo, en Los Ángeles y Chicago, bastiones demócratas, se han visto redadas más agresivas contra personas sin delitos, todo con el fin de cumplir la cuota diaria de 3,000 arrestos.

Esta presión por alcanzar números ha derivado en los llamados “arrestos colaterales”, es decir, detener a más inmigrantes de los que figuraban en la orden original. Con esta práctica, miles de trabajadores, padres y madres de familia han terminado tras las rejas sin haber cometido crímenes.

La administración federal insiste en que su objetivo es proteger la seguridad nacional, e incluso se inauguró en Luisiana el Camp 57, un centro de detención destinado a inmigrantes acusados de delitos graves. Pero los números muestran que solo una fracción mínima de los detenidos cumple con ese perfil, dejando en evidencia un sistema que parece funcionar más por estadísticas que por justicia.

El impacto humano es innegable: familias divididas, comunidades sumidas en el miedo y personas que llegaron buscando un futuro mejor enfrentan la deportación sin haber violado la ley penal. Esto ha desatado fuertes críticas por parte de activistas, abogados y hasta votantes comunes.

De hecho, una encuesta de The Economist revela que dos de cada tres ciudadanos consideran que las deportaciones no siempre se realizan de forma justa. El sentimiento de injusticia crece y la pregunta se repite: ¿es ICE una herramienta de seguridad o un aparato que criminaliza a quienes solo buscan oportunidades?

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