El Consejo de Ministros cubano llegó al acuerdo de actualizar el cálculo de los precios para la transferencia de viviendas construidas por el Estado, además de los importes por las acciones de conservación o reconstrucción que se realizan en edificaciones.

Los conceptos tarifarios que estaban vigentes, ecxplica el oficialismo, eran de los años 80 del pasado siglo. “Fueron renovados según certificó el secretario del Comité

Ejecutivo del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra, a través del acuerdo No. 8641 de 2019 de ese órgano, publicado en la Gaceta Oficial No. 62

Ordinaria de este 29 de agosto”.

La medida indica que el "precio de transferencia de las viviendas que el Estado construya y asigne a personas jurídicas y naturales es el costo presupuestado de la construcción, calculado a partir del sistema presupuestario de la construcción vigente, según lo dispuesto en el Decreto-Ley No. 367, del 17 de diciembre de 2018", modificativo de la ley No. 65, Ley General de la

Vivienda.

Mientras que el reglamentación fija además como prioridades la asignación de las moradas, “para las cuales se tomará en cuenta el siguiente orden: a) Damnificados de eventos climatológicos, albergados y casos sociales; b) núcleos familiares en condiciones precarias en barrios insalubres, ciudadelas, pisos de tierra, edificios críticos con peligro inminente de derrumbe y asentamientos costeros; c) personas con necesidades más graves de viviendas, independientemente de las causas; y d) trabajadores con necesidad de vivienda”, indica la prensa estatal cubana.

Asimismo, la nota refiere que “la decisión gubernamental detalla además que los consejos de la administración que asignen la vivienda incluirán en cada acuerdo de otorgamiento el precio que ha de pagar el beneficiario, y las cuotas y mensualidades a abonar, calculadas en función de los ingresos per cápita del núcleo familiar”.

El Gobierno acordó además, que el "Estado puede financiar el ciento por ciento del precio de la vivienda que se asigne a las personas naturales que no estén en condiciones de asumir su pago".

De ser así, la vivienda se entrega en usufructo o arrendamiento, según decida el Consejo de la

Administración Municipal, “y su precio se ingresa al Presupuesto del Estado, pero si se trata de personas beneficiarias de la asistencia social, el inmueble se entrega en usufructo”.

"En caso de que cese la insolvencia del beneficiado, este puede solicitar la adquisición de la propiedad. En este supuesto el pago se realiza a nombre de la entidad que ingresó inicialmente su costo al Presupuesto del Estado", añaden.

Recomendado para ti