La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales, a quien acusa de varios delitos relacionados con las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

La orden de aprehensión fue emitida por el fiscal Brayan Melgar e incluye acusaciones por terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

La investigación se refiere a las movilizaciones que durante aproximadamente siete semanas paralizaron importantes vías del país, principalmente en las regiones occidental y central. Las protestas fueron protagonizadas por sectores campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con respaldo de grupos afines a Morales, y exigían la salida del presidente Paz.

Los bloqueos provocaron dificultades para el abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas ciudades. Según las autoridades, al menos 16 personas murieron durante el conflicto, 13 de ellas debido a la falta de atención médica oportuna provocada por el cierre de las carreteras. Las pérdidas económicas fueron estimadas en más de 3.000 millones de dólares.

La denuncia contra Morales fue presentada inicialmente por dirigentes cívicos de Santa Cruz y posteriormente respaldada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. La investigación también alcanza al secretario ejecutivo de la COB, Marco Argollo, y al dirigente campesino de La Paz Vicente Salazar, quien permanece detenido preventivamente por otra causa vinculada con los mismos acontecimientos.

Morales ha negado haber promovido la renuncia de Paz y sostiene que las movilizaciones buscaban obligar al Gobierno a responder a las demandas de los sectores que participaron en las protestas. Sin embargo, en mayo publicó un mensaje en la red social X en el que afirmó que el mandatario tenía dos alternativas ante la crisis: militarizar el país o convocar elecciones en un plazo de 90 días.

Ante la persistencia de los bloqueos, el Gobierno decretó el 20 de junio el estado de excepción y ordenó el despliegue de policías y militares para despejar las carreteras y restablecer el tránsito.

La nueva orden de captura se suma a otro proceso judicial contra Morales. El exmandatario permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político, rodeado por seguidores que buscan impedir su detención por una investigación relacionada con un presunto caso de trata agravada de personas.

En esa causa, Morales está acusado de haber mantenido presuntamente una relación con una menor de edad durante su mandato presidencial y de haber tenido una hija con ella en 2016. El expresidente niega las acusaciones.

En mayo, un tribunal de Tarija declaró a Morales en rebeldía después de que no se presentara al inicio del juicio y dictó una nueva orden de captura. La Policía boliviana ha señalado que espera las condiciones adecuadas para ejecutar la medida.

(Con información de El Tiempo)

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