Las Tunas está en el centro de un nuevo terremoto político y social tras revelarse un entramado de corrupción que, según denuncias publicadas en la página de Facebook La Tijera, involucra a directivos estatales, funcionarios del MININT y empresarios privados vinculados al sector automotriz. El caso, considerado uno de los mayores de la provincia en los últimos años, ha destapado cómo la red aprovechaba recursos públicos y maniobras fraudulentas para enriquecerse a espaldas de la población.

De acuerdo con la información divulgada, la operación tendría como figura principal a Maricela Duarte Romero, quien junto al director de la Empresa de Servicios Automotores S.A. (SASA) habría impulsado un esquema en el que autos destinados a la chatarra reaparecían convertidos en modernos vehículos, reconstruidos con piezas de procedencia cuestionable. Lo que debía ser desecho se transformaba en negocio de lujo.

Entre los señalados aparecen nombres vinculados a mipymes y actividades privadas de gran rentabilidad. Destacan Nilsa Vera Rivas, exdirectiva de Provari, ahora con activos millonarios; Doris Navarro, cuya fortuna contrasta con su historial laboral; y Luis Delio Rodríguez, exdirector de una empresa agropecuaria del MININT, actualmente relacionado con negocios privados que exhiben un crecimiento desproporcionado.

El escándalo también alcanza la esfera legal, pues la red cobraba sumas que iban desde 100 mil hasta 200 mil pesos por la legalización de motocicletas. Para ello contaban con la complicidad de funcionarios vinculados al Ministerio del Interior, SASA, Transporte y Provari, quienes facilitaban la documentación necesaria a cambio de cuantiosos sobornos.

Uno de los elementos más polémicos es el aparente silencio del primer coronel Lázaro, delegado del MININT en Las Tunas, quien, según las denuncias, estaría al tanto de estas operaciones o al menos habría hecho la vista gorda. La información indica que incluso la directora de Provari realizaba visitas nocturnas sospechosas a su despacho, lo que alimenta las versiones de encubrimiento y complicidad en los niveles más altos.

Las revelaciones han generado indignación entre los ciudadanos de la provincia, quienes reclaman que se abra una investigación exhaustiva, seria y transparente. “Las Tunas no puede seguir siendo rehén de una mafia que corrompe instituciones y saquea recursos públicos”, señala la publicación de La Tijera.

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