La disputa territorial entre Colombia y Perú escaló esta semana después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmara que su país no reconoce la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa, situada en el río Amazonas, a pocos metros de la triple frontera con Brasil.

El pronunciamiento de Petro se produjo el 7 de agosto desde Leticia, en el marco de la conmemoración de la Batalla de Boyacá. Según el mandatario, la isla, surgida en la década de 1970, no fue asignada a ninguna nación en los acuerdos binacionales y su control por parte de Perú constituye una violación del Protocolo de Río de Janeiro, que desde 1934 establece la frontera fluvial y regula la navegación.

“El Gobierno de Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el tratado de Río de Janeiro. Cualquier diferencia debe resolverse entre las partes, no imponerse unilateralmente”, declaró Petro. Añadió que la exigencia peruana de registro para embarcaciones en Santa Rosa contraviene el espíritu de libre navegabilidad pactado en 1922.

La tensión creció luego de que, el 12 de junio, el Congreso peruano aprobara por unanimidad la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto, incorporándolo oficialmente a la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en el departamento de Loreto. La norma, promulgada el 3 de julio, reafirma la soberanía peruana sobre el territorio en disputa.

En respuesta, el Gobierno colombiano trasladó los actos del Día del Ejército y la celebración de la Batalla de Boyacá a Leticia como señal de protesta. Petro advirtió que, de consolidarse la medida peruana, Leticia podría perder relevancia comercial como puerto amazónico.

Desde Lima, la presidenta Dina Boluarte rechazó categóricamente las acusaciones. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la isla Santa Rosa ha estado “bajo la soberanía y jurisdicción” del Perú por más de un siglo, respaldada por el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial de 1922 y los trabajos de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites.

“El ejercicio de nuestros derechos soberanos es legítimo, público y permanente”, subrayó el gobierno peruano, defendiendo la legalidad de la nueva división administrativa.

El trasfondo histórico del conflicto se remonta al llamado conflicto de Leticia (1932-1933), que concluyó con el Protocolo de Río de Janeiro. Ese acuerdo definió que la frontera seguiría la línea más profunda del río Amazonas y dispuso que las islas existentes entonces serían asignadas entre ambas naciones. Sin embargo, no contempló las formaciones fluviales posteriores, como Santa Rosa.

Colombia sostiene que esas islas deben ser adjudicadas de común acuerdo mediante la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (Comperif), mecanismo que Bogotá insiste en reactivar. Petro confirmó que su gobierno participará en la reunión binacional convocada por Perú para el 11 y 12 de septiembre en Lima, aunque reiteró que la posición colombiana es inamovible.

La isla Santa Rosa, con una población de unas 3.000 personas dedicadas principalmente al comercio, se encuentra en un punto estratégico del Amazonas. Su control influye directamente en la navegación y el intercambio económico en la región.

La controversia no es nueva. En 2024, el entonces director de Soberanía Territorial de Colombia, Diego Cadena, ya había declarado que Santa Rosa “no pertenecería al Perú” y estaba “ocupada irregularmente”. Lima protestó formalmente y reafirmó sus derechos, mientras su canciller de entonces, Javier González-Olaechea, consideró el asunto cerrado tras una respuesta de Bogotá.

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