Amnistía Internacional (AI) volvió a encender las alarmas sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, al denunciar un incremento sostenido de la represión estatal contra disidentes, activistas y familiares de presos políticos. Según la organización, las autoridades cubanas han intensificado prácticas como las detenciones arbitrarias, la vigilancia ilegal y el hostigamiento directo, en un contexto marcado además por el deterioro de la salud de varios civiles encarcelados por ejercer derechos fundamentales.

La ONG advierte que estas acciones no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático destinado a sofocar cualquier forma de disidencia. Entre las prácticas más recurrentes se encuentran los cercos policiales a viviendas, las detenciones de corta duración sin cargos formales y las restricciones injustificadas a la libertad de movimiento. Todo ello, subraya AI, ocurre sin órdenes judiciales ni base legal, en clara violación de las garantías mínimas del debido proceso.

Johanna Cilano, investigadora de Amnistía Internacional para el Caribe, expresó su profunda preocupación por esta nueva ola represiva, que afecta tanto a personas consideradas presas de conciencia como a familiares que exigen atención médica adecuada o la liberación de sus seres queridos. “Estas medidas buscan intimidar, aislar y silenciar a quienes denuncian abusos o reclaman soluciones humanitarias”, señaló.

Uno de los aspectos que la organización considera más graves es la situación de salud de varios presos políticos. AI denuncia que personas con enfermedades crónicas o diagnósticos graves han visto empeorar su estado físico durante su reclusión, debido a la falta de atención médica adecuada y a la negativa de las autoridades a aplicar beneficios penales contemplados en la legislación cubana por razones de salud.

Casos como los de Loreto Hernández García y Roberto Pérez Fonseca ilustran esta problemática. Ambos padecen enfermedades crónicas y, según testimonios recogidos por la ONG, enfrentan demoras injustificadas en procesos de excarcelación humanitaria, a pesar de que el propio personal médico reconoce la gravedad de sus condiciones. Para Amnistía Internacional, estas decisiones administrativas ponen en riesgo directo la vida y la integridad física de los detenidos.

La organización recordó que el Estado cubano tiene la obligación de garantizar, sin discriminación, el acceso a una atención sanitaria adecuada para todas las personas privadas de libertad. Negar o retrasar de forma deliberada ese derecho, advirtió Cilano, puede constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes según los estándares internacionales.

Ante este escenario, Amnistía Internacional instó al Gobierno cubano a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas presas de conciencia. Asimismo, exigió el cese de las detenciones arbitrarias, la vigilancia ilegal y el hostigamiento contra activistas y familiares, y reclamó que se garantice una atención médica oportuna y adecuada para todas las personas bajo custodia del Estado, conforme a las normas internacionales de derechos humanos.

Fuente: La Razón

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