La expulsión de la presa política y miembro de las Damas de Blanco, Aymara Nieto Muñoz, hacia República Dominicana marca un nuevo episodio en la política represiva del régimen cubano.

Tras cumplir más de ocho años de prisión debido a su activismo opositor, Nieto fue trasladada directamente desde la prisión Bella Delicia en La Habana hasta el aeropuerto, en un operativo que interrumpió las comunicaciones con su familia.

Su llegada a Santo Domingo incluyó la compañía de su esposo, el ex preso político Ismael Boris Reñí y dos de sus hijas menores, mientras que su hija mayor quedó en Cuba, sin poder despedirse, evidenciando el daño emocional causado por esta medida.

Este destierro se enmarca dentro de una práctica del régimen que condiciona la libertad de los opositores a su exilio definitivo. Organizaciones como Prisoners Defenders han denunciado que esta figura, prohibida por el derecho internacional, se ha convertido en una herramienta recurrente para silenciar a críticos del gobierno. Aymara Nieto cumplía su segunda sentencia consecutiva: primero una condena de cuatro años por “atentado” y “daños” y luego una segunda de cinco años y cuatro meses por “desórdenes en establecimiento penitenciario” tras un motín en la cárcel de mujeres de El Guatao en 2020.

Su caso refleja un patrón de persecución que se intensificó después de su detención violenta en 2018 y que acumuló casi una década de privación de libertad bajo condiciones severas.

Durante su encarcelamiento, Nieto sufrió múltiples problemas de salud, incluyendo depresión, hipertensión no tratada y dengue, además de ser trasladada a cárceles distantes, lo que le impidió ver a sus hijas menores durante años.

La opositora quedó así dividida de su familia y obligada a comenzar una nueva vida lejos de Cuba, acogida por una familia solidaria en República Dominicana.

Este destierro se suma a otros casos similares de activistas y periodistas que han sido forzados a salir o impedidos de regresar a Cuba, como Anamely Ramos y Carolina Barrero.

La expulsión de Aymara Nieto no solo es una medida represiva más, sino que simboliza la continuidad de la política del régimen para silenciar y dividir a quienes luchan por la libertad y los derechos humanos en la Isla.

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