El gobierno de Estados Unidos está considerando una nueva política que permitiría a las autoridades migratorias revisar la actividad en redes sociales de los solicitantes de visas y otros beneficios migratorios. Esta iniciativa, impulsada por la administración de Donald Trump, tiene como objetivo reforzar la seguridad nacional y prevenir posibles fraudes en los procesos de inmigración.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) presentó la propuesta en el Registro Federal, iniciando un período de comentarios públicos de 60 días antes de su posible implementación. La medida se alinea con una orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, que exige evaluaciones más estrictas para determinar la elegibilidad de los inmigrantes.

De aprobarse, la nueva política permitiría a los funcionarios de USCIS examinar publicaciones, interacciones y conexiones en redes sociales de los solicitantes. Esto con el fin de identificar inconsistencias entre la información proporcionada en sus formularios y su actividad en línea, lo que podría generar alertas que afecten el proceso migratorio.

La medida aplicaría a una amplia gama de solicitantes de beneficios migratorios, entre ellos:

Naturalización (N-400)

Residencia permanente (I-485)

Asilo (I-589)

Permisos de viaje (I-131)

Otros beneficios como el I-192, I-590, I-730, I-751 e I-829

Las evaluaciones en redes sociales podrían enfocarse en detectar:

Inconsistencias en declaraciones: Por ejemplo, si un solicitante alega persecución política en su país de origen, pero su actividad en redes muestra apoyo al gobierno de ese país.

Vínculos con actividades ilícitas: USCIS podría examinar conexiones con grupos criminales o extremistas.

Relaciones personales y laborales: Si un solicitante declara estar casado con un ciudadano estadounidense, pero su actividad en línea no refleja dicha relación, esto podría generar sospechas.

Grupos defensores de derechos civiles han expresado inquietudes sobre esta propuesta, argumentando que podría afectar la privacidad y la libertad de expresión de los inmigrantes. También advierten que la interpretación de la actividad en redes podría ser subjetiva, lo que podría generar rechazos injustificados en los procesos migratorios.

El público tiene un plazo de 60 días para enviar comentarios sobre la propuesta al Registro Federal. Una vez finalizado este período, el gobierno determinará si implementa la revisión de redes sociales en los trámites migratorios.

Ante esta posibilidad, expertos recomiendan a los solicitantes de beneficios migratorios revisar cuidadosamente su presencia en redes sociales y asegurarse de que la información compartida sea coherente con sus solicitudes.

Fuente: Martí Noticias

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